Esta semana dos de los grandes casos de corrupción que lleva la FGR se tambalearon ante la opinión pública: el de Rosario Robles y el de Emilio Lozoya. El caso de Rosario Robles por el amparo que le otorgó un tribunal sobre la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde hace dos años. Esto significa que el resto de su proceso podrá llevarlo en libertad en lo que se determina si hay pruebas suficientes para declararla culpable. Por otro lado, la aparición de Lozoya en un lujoso restaurante indignó a gran parte de la sociedad por la forma tan cínica en la que esta persona, involucrada en un desfalco al erario y recibir sobornos millonarios, sigue dándose una gran vida. El reclamo social fue por la impunidad en los actos de corrupción, sin embargo, en los dos casos la discusión debería estar en las medidas cautelares y en la mala aplicación e interpretación social de las mismas. El tema de impunidad también está presente, pero está muy lejos de poder determinarse, dada la baja capacidad de investigación de las instituciones de procuración de justicia. El problema es que al identificar las medidas cautelares de privación de la libertad con la justicia de un caso, el único beneficiado es el mal desempeño de la FGR.
Desgraciadamente, la baja efectividad de nuestras instituciones de procuración de justicia encuentra un aliado en la casi nula comprensión que tenemos del sistema penal y su funcionamiento. Para muchas personas el hecho de que una persona esté en la cárcel debido a la prisión preventiva, aunque no se le haya sentenciado ni realmente comprobado que es culpable, implica que se terminó la impunidad en el caso. Por otro lado, el que una persona lleve su proceso en libertad, aunque se le asignen otras medidas cautelares, suele ser interpretado como una injusticia. Esto incentiva a que los ministerios públicos opten por solicitar la prisión preventiva o que acusen a alguien de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa con tal de poner a una persona en la cárcel y dar la falsa imagen de justicia.
El problema es la aplicación arbitraria de las medidas. En el caso Lozoya no se entiende por qué la FGR no solicitó prisión preventiva ya que se había fugado inicialmente y dado que, de acuerdo a la propia fiscalía, el nivel de un nuevo intento de fuga era elevado. Por otro lado, en el caso de Rosario Robles, no se comprendía por qué solicitar esta medida cuando ella fue de manera voluntaria a la audiencia en la que se le vinculó a proceso.
Mientras las medidas cautelares se vean como definición de justicia, habrá cada vez más casos como el de los académicos del Conacyt, acusados de delincuencia organizada, dado que es un delito que amerita prisión preventiva de manera automática. Y por otro lado, veremos una FGR que no realiza investigaciones adecuadas porque se refugia en la mala interpretación que hacemos como sociedad de las medidas cautelares que impone a discrecionalidad.
