Siempre he pensado que uno de los peores delitos de nuestro tiempo es el secuestro.
En el secuestro se martiriza, hostiga y humilla a una persona inocente y a la vez se afecta a una familia entera y en ocasiones a toda una sociedad.
Además el secuestro tiene comúnmente una prolongada duración que deja profundas huellas a las víctimas y sus familias.
En México este grave crimen ha ido en constante aumento y cada vez se realiza con prácticas más crueles y tormentosas al tiempo que las autoridades no encuentran o no quieren encontrar acciones eficaces para frenar en seco esta actividad.
Es imposible saber cuántos secuestros se realizan en México porque la mayoría de ellos no se reporta a las autoridades por temor a que la víctima sea sacrificada.
Lo cierto es que el secuestro se practica en toda la República Mexicana, en algunos estados con una altísima incidencia. La última novedad es que en estados fronterizos de la Unión Americana se han presentado casos de secuestros relacionados con el crimen organizado mexicano.
Así ocurre en Baja California y su vecina California en donde el índice de personas plagiadas en el último año es alarmante. Sólo en el estado mexicano se calcula que el año pasado fueron secuestradas más de 50 personas. En tanto en el Condado de San Diego se reportaron 26 casos durante 2007, algunos de ellos relacionados con disputas familiares, pero al fin secuestros.
La semana pasada la comunidad tijuanense fue sacudida por la carta de la joven Aiko Enríquez Nishikawa, quien relata el secuestro de su hermano Celso, un profesionista de 35 años de quien se desconoce su paradero luego de un año de plagiado.
Dos veces pagaron su rescate y nunca fue liberado, la banda exigió un tercer pago que jamás se concretó porque la familia no tuvo una prueba de vida de Celso.
La casa de la familia Enríquez fue baleada y el padre hostigado día tras día. Cansados de las presiones y amenazas la familia se mudó a Estados Unidos hace un par de semanas y al día siguiente de su llegada murió el padre de Celso, víctima de un infarto.
Casos como el anterior abundan en México, algunos más dramáticos que otros, pero todos indignantes.
En Tijuana la aparición de personas asesinadas luego de haber sido plagiadas es cada vez más común. Algunas autoridades atribuyen estos crímenes a los cárteles de la droga cuya única motivación es obtener dinero fácil sin importar las consecuencias.
En Estados Unidos y en Canadá el secuestro es altamente penado y se toman medidas efectivas para combatirlo como congelar las cuentas bancarias de la víctima y sus familiares además de intervenir directamente en las negociaciones con los plagiarios.
Meses atrás en Vancouver, Canadá, un menor fue secuestrado durante varios días lo que provocó la movilización total de los cuerpos de seguridad. Uno de los jefes policiacos declaró que ni él ni sus agentes descansarían hasta no rescatar al niño. “Imposible dormir cuando sabemos que un menor está fuera de su casa en manos de delincuentes”, advirtió.
Desgraciadamente la historia en México es muy distinta, aquí la complacencia y la complicidad de las autoridades son parte toral del problema.
En los arrestos de bandas de secuestradores casi siempre hay un policía municipal, estatal o federal dentro de la red delictiva, amén de autoridades judiciales.
Aplicar condenas más severas que incluyan cadena perpetua para las autoridades involucradas en secuestros ayudaría a frenar este delito, pero también se requiere crear conciencia sobre los enormes daños económicos, sociales y físicos que origina esta detestable actividad no sólo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto.
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