Desde el gobierno federal se ha emprendido una ofensiva en contra de la academia pública nacional, así como la independencia y libertad de investigación. Menciono algunos de los más recientes acontecimientos.
Primero: la desaparición de fideicomisos públicos. Estos se eliminaron -supuestamente- porque se trataba de mecanismos opacos que permitían la corrupción. Los fideicomisos de los Centros Públicos eran auditables y auditados regularmente. A los y las investigadoras nos permitía concursar fondos privados para llevar a cabo proyectos de investigación independientes de las líneas e intereses oficiales. Hoy, no hay reglas para acceder a estos fondos ni sabemos bien a bien qué se hizo con los fondos desaparecidos.
Segundo, el anuncio de la eliminación del programa Cátedras Conacyt -que emplea a jóvenes investigadores- es otro golpe. Los investigadores Cátedras Conacyt constituyen el cuerpo de investigación más grande del país. La incertidumbre laboral que hoy enfrentan es una afrenta a sus derechos, pero también a la capacidad de producción de ciencia independiente en el país.
Tercero, hay un esfuerzo deliberado para reinterpretar las leyes y someter a los y las investigadoras de los Centros Públicos a la regulación que corresponde a burócratas federales. Ello podría implicar que la directora de Conacyt o del Centro Público pueda prohibir la publicación de alguna investigación. En ese supuesto, podría llegarse a sancionar a quien haga público su trabajo en contra de la orden de su superior. Las recientes modificaciones al Código de Ética, abonan a las preocupaciones. Ahí se pide que empleados de la institución, prestadores de servicio y becarios se abstengan de "emitir comentarios u opiniones negativas o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt". En caso de incumplir, pueden ser denunciados ante el Órgano Interno de Control.
Cuarta, la persecución por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero de 31 investigadores por el manejo del Foro Consultivo es quizás la más violenta e intimidante manifestación en contra de la academia pública. No queda mucho espacio para la duda sobre el uso político de la Fiscalía General de la República cuando el vocero de la Presidencia -y el presidente- defienden impúdicamente las acusaciones como propias y como si no existiera la autonomía de la FGR.
La remoción de Alejandro Madrazo como director del CIDE Región Centro es el más reciente golpe. Su despido, se le dijo, fue por apoyar públicamente a las Cátedras Conacyt que trabajan en la Sede Región Centro. Otra señal ominosa sobre la libertad de expresión en los Centros Públicos del país.
El gobierno de López Obrador parece decidido a convertir a los Centros Públicos en un apéndice del gobierno federal. Las alarmas tendrían que estar encendidas en todo el país. Los frenos y contrapesos del gobiernos no solo vienen de los otros poderes constitucionales (el legislativo y el judicial); la sociedad civil tiene un papel importante como control del poder. Los medios de comunicación, las y los periodistas, las organizaciones civiles no gubernamentales y la academia cumplen también ese rol. Desde estos espacios se vigila al poder y se le obliga a la transparencia. Los ataques del Ejecutivo a la academia tendrían que preocuparnos a todos y todas.
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