Hoy se cumple un mes del asesinato de Aldo Zamora, el joven hijo de Ildefonso Zamora, activista en defensa de los bosques del parque nacional de las lagunas de Zempoala. A pesar que los homicidas quedaron identificados y se expidieron órdenes para aprehenderlos, no han sido detenidos. Y ya se sabe que un poderoso auxiliar de la impunidad es el transcurso del tiempo. Mientras más días pasen, se acrecientan las dificultades para hallar a quienes ultimaron a tiros a Aldo e hirieron a su hermano Misael.
Sin percatarse de la importancia del caso o desdeñosa de sus protagonistas, la Procuraduría de justicia mexiquense actúa frívolamente respecto del personal del Ministerio Público que se responsabiliza de ese proditorio homicidio. El 31 de mayo renunció a su cargo o fue echado de él (pues las dos versiones se difundieron, sin que llegara a precisarse cuál corresponde a la verdad), el fiscal del Medio Ambiente de la Procuraduría local, Alejandro Bautista, quien desde ese cargo tendría que ver con el enjuiciamiento de los asesinos. No había hecho nada cuando se marchó o lo fueron, hace dos semanas, el 31 de mayo. Es mala noticia que se relevara al agente del Ministerio Público en esa circunstancia. Es peor noticia la relativa a su sucesor.
El mismo día en que renunció Bautista, su hasta entonces jefe tomó una decisión esperada, pero no por ello menos insensata en un asunto diverso, que sin embargo convergería después con el caso Zamora. El procurador Abel Villicaña –que durante el Gobierno de Arturo Montiel presidió el Tribunal Superior de Justicia del Estado— anunció que el expediente relativo a acusaciones contra el ex gobernador sería enviado al archivo, una vez que se comprobó que no había nada que perseguir en la construcción de la sólida fortuna inmobiliaria de Montiel. Como consecuencia y una vez liquidada así su materia de trabajo, cesó en sus funciones el fiscal Víctor Manuel Ávila Cisneros, que desde febrero del año pasado había realizado la averiguación previa sobre el ex gobernador.
Pero una semana después Ávila Cisneros tenía nueva encomienda, precisamente la de reemplazar al dimitente o dimitido Bautista en la Fiscalía Ambiental y en el eventual proceso a los asesinos de Aldo. Por su lado, César Fajardo, subprocurador regional en Ixtapan de la Sal, que coordinaba a 25 agentes ministeriales presuntamente dedicados a buscar a los asesinos del joven Zamora, fue anteayer ascendido a subprocurador general. Sería posible considerar como un sainete esas maniobras burocráticas y sonreír por su efecto cómico, si no estorbaran el desahogo de un asunto tan doloroso y trágico.
También sería risible, si no revelara esterilidad en el abordamiento de asuntos graves, como el asesinato de un muchacho y la depredación de los bosques, el activismo desplegado por las autoridades presuntamente en defensa del medio ambiente.
Desde la madrugada del lunes y hasta el miércoles se dejaron ver en los municipios de Ocuilan –donde ultimaron a Zamora y cuya alcaldía fue blanco de disparos, tampoco aclarados— y Xalatlaco, doscientos militares, policías estatales e inspectores ambientales, que lograron la captura... de tres personas que sacaban tierra de monte. El miércoles cesó esa operación y fue sustituida por recorridos de mil agentes de seguridad estatal que en su primera jornada de trabajo capturaron a ladrones de media tonelada de cable, robado en Chalma.
Parece más sustantiva la detención, lograda el viernes pasado fuera de estas aparatosas movilizaciones, de Bulmaro Hernández, que llevaba en su vehículo el equivalente a tres árboles de sesenta centímetros de diámetro. Es uno de los 57 presuntos talamontes a los que un juez federal no quiso aprehender, tras una denuncia que está en la raíz del asesinato de Aldo Zamora. Puede quedar libre si paga una fianza de tres cuartos de millón de pesos.
Ante la parsimonia de la autoridad local, Greenpeace (que ha acompañado a los campesinos de San Juan Atcingo en su lucha contra la depredación y ahora lo hace en su duelo y en la exigencia de justicia), denunció el caso ante la Procuraduría General de la República. Al ratificarla el primero de junio, sus representantes fueron informados de que el asunto se turnó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente.
El miércoles, la Comisión permanente del Congreso acordó exhortar a los gobiernos federal y estatal para que se detenga y castigue a los homicidas del joven ambientalista. Pero en vista de que eso no ocurre y que la situación de la familia y el entorno de la víctima puede empeorar, el Centro Prodh y Greenpeace anunciaron ayer jueves haber solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para “resguardar la integridad de la familia de Ildefonso Zamora, por la condición de vulnerabilidad en que se encuentra”, así como para, igualmente, “resguardar la integridad física y sicológica de los otros comuneros, en particular Paulino Neri Carlos, suplente de Ildefonso Zamora; Nicolás Hernández Alberto, secretario de bienes comunales y Alejandro Ramírez Raymundo, tesorero de bienes comunales y jefe del consejo supremo tahuica, así como a sus respectivas familias”.
No son temores pueriles los que de ese modo se expresan. El paso del tiempo y la impunidad consiguiente no sólo alientan a los acusados en su huida, sino que también pueden favorecer redoblados propósitos de venganza, por denunciar la tala y el asesinato de Aldo Zamora.
