Después de las elecciones de julio, en México habrá seguramente una nueva y diferente relación de las fuerzas políticas que hoy disputan el poder: el próximo primero de septiembre quedarán formalmente instaladas las Cámaras federales que integran el Congreso de la Unión y posteriormente, el primero de diciembre, asumirá el Poder Ejecutivo quien haya sido electo presidente de la República.
Independientemente de qué partidos o candidatos resulten triunfadores, ¿cuál será, cuál tendrá que ser para decirlo mejor, la relación entre estos dos poderes que permita la consolidación de la incipiente democracia mexicana? El propósito de este artículo es hacer un análisis de lo que ha sido hasta ahora la coexistencia política de estas dos instituciones, atreviéndonos a sugerir la necesidad de reformas estructurales que faciliten el tránsito hacia un verdadero equilibrio de poderes, conditio sine qua non de una auténtica democracia.
La gran resonancia que en 1997 alcanzó el triunfo que obtuvo el PRD en la Ciudad de México, perdiendo el PRI la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque la conservó en la de Senadores y la circunstancia de que a partir de 2000, ninguno de los partidos tenga mayoría absoluta en el Congreso, son dos hechos motivadores para que voces de connotados actores y protagonistas de nuestra vida política adviertan sobre la necesidad de instituir en México un sistema parlamentario como medida, dicen, de preservar la estabilidad política y la gobernabilidad. Pareciera que la disyuntiva es: parlamentarismo o presidencialismo. ¿Qué tan cierto, eficaz y conveniente es esto? Y más importante aún: ¿qué papel habrá de jugar en los próximos años el Poder Legislativo?
Este tema se abordaba como parte del curso con mis alumnos de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de La Laguna y con la participación de ellos hicimos varias consideraciones. México es un país de fuerte tradición presidencialista, copia del modelo norteamericano, que hunde sus raíces en la historia y atiende a factores culturales, al nivel educativo de la población, a la idiosincrasia del mexicano. No parece fácil acabar con este sistema y transitar al parlamentario. El presidencialismo tiene muchos puntos de contacto y similitud con las formas prehispánicas de gobernar, cuyo personaje principal era el Uey-Tlatoani.
Por otro lado, también hay que señalarlo, en el devenir histórico de nuestro país luchamos por un sistema federal; formal y teóricamente eso somos, pero en la realidad el resultado fue uno centralista y la figura central es el presidente, dígase lo que se diga. La pluralidad política que hoy tenemos ha propiciado mucho avance y rápido, pero conducido siempre por el sistema presidencial. El quid no es parlamentarismo o presidencialismo sino gobiernos eficientes. Así lo dijeron los estudiantes. Si la eficiencia se da en uno u otro sistema se consolida o se avanza en la democracia. Cuando los sistemas políticos son deficientes ello repercute en las instituciones, sea la Presidencia o el Congreso. Por eso debe recuperarse el prestigio y la legitimidad de ambas instituciones para lograr el equilibrio del poder.
El presidencialismo mexicano ha sido aplicación distorsionada del clásico régimen presidencial que estaba y aún está sostenido por las amplias facultades constitucionales del Ejecutivo y también por las atribuciones de hecho que la Presidencia ejercía por encima del orden constitucional.
Ciertamente, el poder del presidente se ha ido restringiendo, pero todavía tiene un predominio sobre los otros poderes porque cuenta con los instrumentos y recursos para realizar actividades de política social. Pero en un sistema presidencial el Congreso necesita de ciertas garantías institucionales. Sin el apoyo del Congreso, el presidente no puede tener éxito en sus programas de Gobierno. Por lo tanto en este sistema debe haber una coordinación entre poderes con clara definición de competencias. Si el presidente se entromete en tareas del Legislativo o éste invade competencias de aquél, lo que hacen es bloquear la elaboración de leyes o la implementación de líneas de acción en áreas estratégicas de la administración pública.
La pluralidad que hoy existe y los cambios legales introducidos, han dado al Legislativo nuevas tareas y han limitado el poder del presidente. ¿Es posible la eficacia en un régimen presidencial limitado en sus facultades? Aunque parezca contradictorio, puede serlo si se fortalece más aún el Poder Legislativo sin que haya necesidad de llegar al parlamentarismo. Lo ideal es fortalecer a los tres poderes para hacer efectivo el sistema de balanzas y contrapesos de que hablaban los clásicos, tarea nada fácil tratándose del Legislativo, por su integración plural. Pero es indiscutible que hoy el órgano legislativo tiene mayor fuerza cuando está facultado para designar a los consejeros electorales, al procurador general de la República o a los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Paralelamente la obligatoria mayoría calificada para reformas constitucionales, en un escenario en que ningún partido por sí solo la tiene, dotan al Congreso de otra perspectiva. Pero su responsabilidad no se agota aquí.
En nuestros días el equilibrio legislativo dominará el panorama político, porque ninguna fuerza por ella sola, podrá tomar decisiones trascendentes. La actuación del Legislativo ya no podrá ser inhibida por la fuerza del Ejecutivo, pero tendrá que asumir nuevas formas de comportamiento. Sólo por mencionar algunas: hay que restituirle al Senado sus atribuciones que anteriormente tuvo con relación al presupuesto de egresos; no hay razón válida para que sólo sea facultad de los diputados. Éstos, igualmente, tienen que participar en la política internacional del Gobierno. Debe desaparecer la figura de diputados plurinominales, pues la auténtica representación democrática es la de la mayoría; consideramos conveniente la reelección de legisladores, pues ello favorecerá un mejor desempeño del representante y un acercamiento permanente con sus electores. Que la composición del Senado regrese a la representación paritaria por cada entidad federativa, pues su distorsionada configuración actual rompe con el equilibrio del pacto federal.
Cabe también reflexionar sobre la conveniencia de que el Congreso tenga facultad para ratificar el nombramiento que el presidente haga de los miembros del Gabinete, o que en el caso de ciertos secretarios, colaboradores del Ejecutivo, se designaran por mayoría calificada a propuesta del propio presidente.
En conclusión, de lo que se trata, es de consolidar el sistema presidencial con clara y eficaz división de poderes, de competencias y de funciones, suprimiendo el clásico y viciado régimen presidencialista, propiciando un Poder Legislativo más fuerte y profesional que permita un sistema de carácter ecléctico entre el parlamentarismo y el presidencialismo clásicos. Los próximos actores políticos tendrán la oportunidad histórica de hacerlo. ¿Lo harán?
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