Si no ha llegado, pronto estará en México el ex obispo de Santiago del Estero, en la Argentina, Juan Carlos Maccarone, que dejó su Diócesis en agosto pasado, en medio de un escándalo sexual... y político. La semana pasada se anunció que sería enviado a nuestro país, a una casa de salud, cuya ubicación y naturaleza no fue precisada.
Si bien el obispo incurrió en “una debilidad”, por la cual renunció y pidió disculpas “por los daños causados a la Iglesia”, el caso de Maccarone parece diferente de los otros muchos en que clérigos y dignatarios son responsables de abuso sexual y de pederastia. A este obispo se le hizo pagar su opción pastoral y su activismo por los derechos humanos, en un estado que cuenta entre los más pobres en Argentina y que hasta febrero pasado permaneció dominado por un régimen feudal y caudillista.
En agosto pasado se hizo circular un video que mostraba al obispo Maccarone en un acto sexual con un muchacho mayor de edad, de 23 años. La calidad de la grabación, el que se realizara no obstante la intimidad del encuentro, y su difusión, hicieron ver que se trataba de un montaje político. Ejemplares del video fueron enviados a la Conferencia Episcopal argentina, y al Vaticano mismo y a diversos medios de información. Se hizo saber que el canal siete, del empresario Néstor Carlos Ick -la misma emisora que propagaba en los ochenta el credo vulgarmente conservador y antisemita de quien después fuera el obispo castrense, según recordamos ayer en este mismo lugar- lo tenía en su poder y lo divulgaría.
Ante el escándalo, el obispo dimitió y la Santa Sede aceptó de inmediato la renuncia. La mayor parte de los sacerdotes de la diócesis le manifestó solidaridad, expresaron su convicción de que estaban frente a un golpe político. Cuando el muchacho protagonista del episodio fue interrogado, mintió diciendo que su hermano, un desempleado que sólo recibe el subsidio estatal del caso, lo dotó de los medios tecnológicos de gran sofisticación y alto precio con que hizo la grabación. Él mismo maneja un taxi -es remisero, según se dice en Argentina- y dejó en claro que había provocado la reunión para registrarla.
El Episcopado, si bien reconoció “la debilidad” de los hijos de la Iglesia, y manifestó su propósito de enfrentar los hechos “sin temor a la verdad ni pretender ocultarla”, decidió no encarar el hecho por ninguna de sus vertientes. Sólo hizo suyo el mensaje del presbiterio santiaguino, cuyos miembros quisieron “expresar nuestro agradecimiento a la labor de seis años de monseñor Juan Carlos Maccarone al servicio de los pobres y de quienes tienen la vida y la fe amenazadas”. Los obispos, por su parte, añadieron: “acompañamos a nuestro hermano con afecto, comprensión y oración”.
El montaje contra el obispo fue el coletazo de una estructura política que hizo del clientelismo y el espionaje sus principales instrumentos de dominación. Su protagonista y principal beneficiario es el cacique peronista Carlos Juárez, que cinco veces fue gobernador en un arco tan amplio que va de 1948 a 1999. En ese año de su última elección, llegó a Santiago del Estero el obispo Maccarone, una de cuyas primeras tomas de posición fue procurar que se investigara la muerte de su antecesor, Gerardo Sueldo, enfrentado con el cacique y quien perdió la vida en un dudoso accidente automovilístico.
Juárez no concluyó su último periodo, pues fue elegido senador, pero maniobró para que lo reemplazara su propia mujer, Mercedes Aragonés, conocida como Niua Juárez. Una corrupción empeorada y el asesinato de dos jóvenes atribuido a la Policía y que no fue investigado, hizo caer a la gobernadora, hace dos años. El interventor federal Pablo Lanusse, entregó el Gobierno en marzo pasado a Gerardo Zamora, un radical que triunfó en las elecciones de febrero como candidato de un frente cívico que puso fin al largo predominio juarista. El interventor halló seis equipos de escucha y más de treinta mil expedientes en que los servicios de Inteligencia del Gobierno provincial -la Gestapo, se le llamaba- reunió información sobre las personas sobresalientes del estado, incluido el obispo, que poco antes de caer en la trampa que le fue tendida había declarado ser víctima de espionaje telefónico.
Santiago del Estero padece indicadores sociales por debajo del promedio nacional. El analfabetismo, por ejemplo, es de 8.6 por ciento mientras que la media es de 3.6 por ciento. Casi no exporta y aunque cuenta con un parque industrial, en él apenas se ha instalado un supermercado, tres fábricas de mosaicos, una embotelladora y una hilandería. El principal empleador es el Gobierno provincial -es decir, los Juárez- que mantiene una plantilla de cincuenta y cinco mil empleados en una entidad que apenas llega a ochocientos mil habitantes.
Los Juárez han contado con el apoyo de un puñado de empresarios, como Icks, que obtiene y otorga favores. La madre de una de las víctimas del escándalo policiaco que provocó la intervención federal acusó al propietario del canal siete de “aportar dineros para desviar la investigación y encubrir a los verdaderos responsables”. El empresario y los Juárez encontraban indignante la posición de Maccarone a favor de los derechos humanos y de los desposeídos. Se pretextaba, sin embargo, que sus criterios pastorales eran errados. Pocos días antes de que estallara el escándalo se habían repartido volantes a las afueras de la catedral con expresiones de inconformidad sobre la conducta eclesial del prelado.
