El título de esta columna dice lo que podría resultar del programa federal que atiende el problema del agua en La Laguna. Ciertamente, este programa pretende proveer agua potable a la población lagunera en el corto plazo, de tener éxito a partir de 2023, cuando opere la potabilizadora que tratará agua extraída del río Nazas y sea suministrada por los organismos operadores a las viviendas.
Al margen de la discusión pública que en estos momentos tenemos los laguneros sobre dicho programa, que si los empresarios agroganaderos o los usuarios de los módulos de riego cederán derechos de agua, que si habrá agua en las presas de manera constante que asegure el suministro del volumen requerido para potabilizar, de que se modernizan las redes de distribución de agua urbana para reducir las pérdidas físicas, que si se rehabilitará la infraestructura hidroagrícola para aumentar la eficiencia y rescatar volúmenes en el manejo del agua en los canales y predios, que si la obra tiene o no impacto ambiental en el río vivo o de si afectará a los usuarios del agua del estiaje, por mencionar algunos de los tópicos que se ventilan en medios de comunicación y reuniones, hagamos un ejercicio de abstracción y revisemos cómo podrían quedar las cosas dentro de dos o tres décadas.
Partamos de un diseño conceptual del problema y las alternativas de solución. El problema central del agua en La Laguna es la sobreexplotación y contaminación del Acuífero Principal, del cual depende el suministro para la población y gran parte para la economía, cuyas consecuencias se expresan en que las viviendas no reciban agua, las familias sufren desabasto, y que aquellos que ingieran agua de la llave corren el riesgo de padecer enfermedades debido a que está contaminada, sobre todo con arsénico y flúor.
Entonces, toda política pública regional en materia hídrica debe atender este problema, contemplar las acciones necesarias para recuperar el Acuífero Principal. Al respecto hay dos acciones ineludibles: por un lado, frenar la sobreexplotación, que implica recuperar los volúmenes de agua que son extraídos ilegalmente para que se queden en el acuífero, los cuales según datos oficiales son 441 Hm3, es decir, dejar de bombear agua ilegal y esto es posible, considerando el número de pozos concesionados, instalando un sistema de medición confiable que solo les permita extraer los volúmenes que tienen concesionados, que son 647 Hm3, aun así seguirá extrayéndose de más 113 Hm3 porque la recarga es de 534 Hm3, de manera legal. Con esta medida ni siquiera se podrá estabilizar el acuífero.
Por otro lado, considerando que el desbalance entre recarga y extracción de agua en el Acuífero Principal data de 1947, tiene 74 años castigado con fuertes abatimientos anuales que le dan un período de vida de 35 años. Controlar las extracciones ilegales y permitir el bombeo legal por encima de la recarga, no son acciones suficientes que le ayuden a recuperarse, requerirá muchos años para lograrlo, por ello es necesario que se le ayude, de que se le inyecte agua mediante recargas controladas proveniente de otra fuente, y la única fuente disponible es el agua superficial del río Nazas. El problema es que el agua superficial del río Nazas disponible sin afectar o afectando menos a la agricultura, se va a comprometer con la potabilizadora durante un cuarto de siglo.
Para quienes vivimos en esta región la recuperación del Acuífero Principal es un asunto prioritario, diríamos, de seguridad hídrica regional, en virtud de que no solo nos provee agua en el presente, sino que constituye nuestra reserva de agua futura, con la que podremos enfrentar sequías y otras contingencias ambientales que se esperan por el cambio climático. Todos los estudios sobre los impactos de este fenómeno indican que en los desiertos se incrementará la temperatura, habrá más calor, y disminuirá la precipitación, habrá menos disponibilidad de agua. Entender esto no requiere mucha ciencia, los laguneros vivimos en una zona desértica.
Entendemos que el programa Agua Saludable atiende los efectos y no las causas, nos resuelve el abasto de agua potable en forma inmediata, en 2023 y por 25 años, pero no contempla atender el problema principal, por lo que si no se frena la sobreexplotación y se asignan volúmenes para recargar el acuífero nos expone a una situación vulnerable, nos deja sin reservas de agua, con un futuro incierto. Pensar que dejar de extraer el agua de los pozos de uso doméstico como una forma de contribuir a recargar el acuífero es una percepción simplista, el agua en el subsuelo no se mantiene estática, existe el riesgo de que se conviertan en volúmenes que finalmente sean aprovechados por quienes monopolizan las concesiones, quienes bombean la mayor parte de los volúmenes almacenados en el acuífero, incluyendo los que la extraen ilícitamente.
También entendemos que desde la explicación científica se podrá hacer el mejor diseño conceptual en la formulación y solución de los problemas, pero somos conscientes de que quienes toman las decisiones enfrentan intereses económicos y políticos basados en el desorden en que se ha convertido el manejo del agua, sus capacidades institucionales son limitadas y no siempre anteponen el interés público de la mayoría al interés privado de la minoría. El problema es que si bien nos resuelven el presente tal parece que nos complican el futuro, a las siguientes generaciones les va ser más difícil enderezar este entuerto que les dejamos.
