Inicio con una anécdota personal con López Obrador. Pese a haber yo votado por Vicente Fox para impulsar la primera alternancia pacífica de nuestra historia, cuestioné el desafuero contra AMLO, pues si bien éste había cometido una infracción, era muy reducida para la pena que se intentaba imponer; era evidente el propósito político para descarrilar la candidatura de AMLO.
Una vez concluido el episodio, me llamó AMLO por teléfono para agradecerme el apoyo y me invitó a desayunar. Ahí le dije que lo apoyaría siempre que yo considerara que tuviera razón, pero que también le criticaría aquello que me pareciera merecedor de ello. Y así quedamos.
Respecto de Ricardo Anaya, no sé si es inocente o no de aquello de lo que se le acusa. Pero recuérdese que habiendo sido acusado por la PGR en 2018, fue exonerado al concluir el proceso por la propia institución. El asunto aquí es el uso político de la ley que se ha hecho en este gobierno en más de un caso. Cabría desde luego la posibilidad de que lo de Anaya sea parte de la aplicación estricta de la ley sin importar de quién se trate. Pero hay elementos también para sospechar que pueda haber otras motivaciones, como que Anaya busque de nuevo la Presidencia, quizá como candidato del principal partido de oposición.
Dicen los morenistas que eso no es una causa válida, pues Anaya no tiene ninguna posibilidad para 2024. Eso me decían en 2016 numerosos priístas, panistas y hasta morenistas respecto del probable triunfo de AMLO que yo veía para 2018.
Por otra parte, los motivos de venganza personal que AMLO rechaza no están tan claros en el caso de Rosario Robles. Aun si fuera culpable, ha pasado dos años en la cárcel sin sentencia. No suena a que eso responda a un espíritu estrictamente de ley y justicia. Anaya fue muy duro en los debates, no había más que ver las expresiones faciales de AMLO. Al terminar la elección, el tabasqueño limó asperezas con Meade (parte probablemente del pacto de impunidad con Peña), pero no con Anaya.
En todo caso, lo importante es que AMLO cumpliera su promesa de fomentar un genuino Estado de Derecho, y un combate serio a la impunidad. Pero hay muchos indicios en sentido contrario. Al exministro de la Corte Medina Mora se le intercambió impunidad por dejar libre su cargo prematuramente. Si había corrupción, había que penalizarla, no archivarla. Las múltiples denuncias con evidencias de corrupción de allegados y parientes de AMLO son desechadas, por más que él insista en que no es tapadera de nadie. La investigación sobre su hermano Pío lleva congelada un año, y lo de Martín quedó en una negociación privada (grabada en secreto, eso sí, y con el mismo personaje de transas con Pío).
Por otra parte, pese al triunfo contundente del SÍ al castigo en la consulta de agosto (y fuera de ella), AMLO se pronunció por el NO y seguramente será consecuente en ello. Difícilmente veremos a Peña Nieto ante la justicia en virtud del pacto de impunidad que todo indica se celebró, y que AMLO ofreció públicamente desde 2016. Concluyo; si Anaya, algún expresidente o cualquier otro político ha cometido corrupción, debe probarse y penalizarse. Pero parejo.
@JACrespo1
