Una vez más se usan los instrumentos de la justicia penal para propósitos de injusticia. Este 18 de agosto se dio a conocer que un juez dictó órdenes de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, legalmente rector de la Universidad de las Américas Puebla, así como de otros funcionarios de la institución, como la vicerrectora administrativa y el vicerrector de finanzas. También se giraron órdenes de aprehensión contra representantes jurídicos de la Fundación Mary Street Jenkins.
La fundación difundió un comunicado en el que se queja de que "se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para evadir el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse ilícitamente de patrimonio privado".
Hay una disputa por el control de la fundación. El gobierno de Puebla, desde los tiempos de Rafael Moreno Valle, ha tratado de tomar el control de esta fundación privada y sus activos, incluida la universidad. Ha aprovechado la inconformidad de Guillermo Jenkins de Landa, quien encabezaba el patronato, pero que fue destituido en 2013 por un voto unánime y legal de los demás patronos. Jenkins de Landa demandó penalmente a los miembros del patronato, incluyendo a su propia madre y a sus hermanos, pero el ministerio público federal determinó el no ejercicio de la acción penal. Ante el intento de la Junta de Asistencia Privada de Puebla de tomar control del patrimonio, con el respaldo de Jenkins de Landa, la fundación optó por sacar sus recursos primero del estado y luego del país, en transacciones legales de las que se notificó a las autoridades.
Lo sensato sería dejar ahora que los tribunales civiles dirimieran el conflicto, pero el intento del gobierno de Puebla por apropiarse de un patrimonio privado ha impedido que se llegue a un acuerdo. De hecho, la intervención del gobierno ha complicado las cosas de manera dramática. La policía estatal de Puebla tomó el campus de la UDLAP el 29 de junio. La Junta de Asistencia Privada creó un patronato ilegal para hacerse cargo de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, que depende de la Jenkins, y nombró rector al político guerrerense Armando Ríos Píter, pese a no tener las facultades para hacerlo y a pesar de que Ríos Píter no cumple con los requisitos para ser rector. Si bien la Fundación Jenkins obtuvo una suspensión para que las instalaciones universitarias le sean devueltas, hasta la fecha esta orden no se ha cumplido.
Preocupa que ahora esta intervención del gobierno de Puebla haya llevado a la emisión de órdenes de aprehensión contra el rector Derbez y otros funcionarios de la UDLAP. No hay claridad sobre cuáles son las transacciones por las que se ha emitido esta orden de aprehensión, pero son al parecer movimientos realizados por la universidad. La Fundación Jenkins no ha recibido notificación formal de estas acusaciones. Lo que es claro es que hay un intento de intimidar a los directivos mientras el patronato espurio se niega a acatar la suspensión que obliga a la devolución de las instalaciones.
Es triste que en México las instituciones de justicia se utilicen para cometer injusticias: en este caso, el intento de despojar a una fundación privada de su patrimonio, la toma de una universidad privada por la policía y el desacato de una suspensión otorgada por un juez.
CIDE
AMLO ha descalificado al CIDE porque supuestamente forma cuadros para el sector privado. Su gobierno ha reducido de manera dramática el presupuesto de la escuela y obligó a renunciar al director Sergio López Ayllón. Los graduados, en realidad, trabajan para el sector público y el privado, pero el pecado del CIDE, a ojos del presidente, es tener un alto nivel de calidad educativa.
Twitter: @SergioSarmiento
