El viernes pasado, representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición firmaron un memorando de entendimiento para hacer posibles negociaciones directas a fin de tratar de resolver la gravísima crisis política, económica y humanitaria que vive ese país hace años. Otros 15 intentos han fracasado en el pasado. Concluyó así la etapa previa, la de consultas exploratorias, pendulares e indirectas, dentro del más reciente proceso conducido por el facilitador y mediador noruego, Dag Nylander. El gobierno del presidente López Obrador ofreció facilitar el proceso y servir como el país anfitrión, tras ser aceptado por las partes que consideran a México un terreno favorable y neutral. Serán unas negociaciones muy difíciles entre venezolanos, las cuales contarán con la ayuda de países amigos. ¿Cómo conseguir que haya perdón sin impunidad en un país violentado, polarizado y pauperizado? La economía venezolana se desplomó en más de un 85% del PIB y el país tiene una deuda externa superior a los 175,000 millones de dólares. No es sólo cuestión de alcanzar acuerdos para que haya elecciones creíbles, sino resolver los grandes y numerosos desafíos de una crisis multidimensional que, desde hace ya tiempo, precipitó a Venezuela al abismo. Ese entrañable país sudamericano es el escenario de la más grave crisis que América Latina haya visto en décadas, con impactos negativos directos para América del Sur, para los países andinos, y, por supuesto para el Caribe, el mare nostrum venezolano. Ha sido muy desdichada la confrontación política al prolongarse la prédica revolucionaria y el proyecto bolivariano del extinto Hugo Chávez, la corrupción sistemática, la conducción autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, la fallida intentona de una presidencia contestataria por parte de Juan Guaidó, la devastadora hiperinflación, el desabasto generalizado de bienes y servicios, el terrible éxodo de más 6 millones de venezolanos forzados a emigrar (una hemorragia humana más grande aún que el doloroso exilio de la guerra en Siria), el colosal golpe de la pandemia en un país bloqueado, sin capacidad casi de conseguir vacunas, las frecuentes divergencias entre los líderes opositores Juan Guaidó, Henrique Capriles, Leopoldo López y Stalin González, que ha hecho que se prolongue, de manera trágica, este ciclo perverso de protestas, represión, asesinatos, acercamientos, diálogos, resoluciones, purgas, pronunciamientos, declaraciones y sanciones externas, hasta empobrecer a un país muy rico, por su extraordinaria gente y poseedor una de la más grandes reservas de petróleo del mundo. Sin olvidar, además, que sobre el régimen de Maduro pesan las acusaciones de la Corte Penal Internacional en Naciones Unidas imputado de haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2017, incluyendo delitos de persecución, hambruna, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y encarcelamiento ilegal.
Sobre la mesa estarán cuestiones muy complejas que hará difícil que se alcance un paquete de acuerdos. ¿Cómo lograr que se levanten las sanciones internacionales? ¿Cómo administrar los activos venezolanos congelados en el exterior? ¿Estados Unidos estará acaso dispuesto a suspender las acusaciones en contra de Maduro y su camarilla, considerada una narco dictadura? ¿Cómo podrán establecerse las bases para recibir la urgente ayuda humanitaria y financiera? ¿podrá la comunidad internacional ofrecer soluciones viables y sustentables a los flujos migratorios de venezolanos en los países de acogida? Pero, sobre todo, ¿se lograrán proteger los derechos humanos fundamentales, ante los flagrantes abusos y salvaguardar los derechos políticos, con miras a los nuevos comicios locales de alcaldes y gobernadores, programados para noviembre, a los que deberán seguir elecciones parlamentarias y presidenciales, siendo que la oposición ha boicoteado las anteriores, por ilegítimas, ilegales y fraudulentas? La oposición, desde una reciente plataforma unitaria exigirá que sean libres, justas, verificables y transparentes, pero ¿cómo asegurar la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, de reunión y de manifestación?
Aceptando las profundas diferencias, los negociadores tendrán que actuar de buena fe y otorgar la máxima prioridad al bienestar del pueblo venezolano, urgido de recibir alimentos, medicinas y vacunas. Tendrán que comprometerse a sentar las bases de otra convivencia política, incluyente y tolerante, reconociendo la necesidad de construir una visión de nuevo futuro común, al que puedan aspirar y ser parte todos los venezolanos, donde haya oportunidades de desarrollo para todos y se puedan gozar de los mismos derechos.
Las discusiones del pasado fin de semana han permitido establecer un mecanismo de consultas con actores políticos y sociales, que se pretende lo más incluyente posible. Las delegaciones ya han sido convocadas para reunirse a dialogar y negociar del 3 al 6 de septiembre. Pero no habrá salida a la aterradora crisis de Venezuela, si se ahondan las fisuras en la oposición; si no hay una vía de salida que incluya una ruta de entendimiento con Cuba, en virtud de la concertación, infiltración y dependencia respecto de este último país, a partir de los planes de resistencia establecidos por Chávez y ratificados por Maduro.
Si el gobierno de México pretende efectivamente ejercer un liderazgo regional, al honrar, como afirma, la tradición diplomática mexicana de mediación y de pacificación, tendrá que ser no sólo el país sede de las negociaciones. Deberá mostrarse, en los hechos, como un inteligente promotor y arquitecto de soluciones. Tendrá pues que invertir un considerable capital político, desplegar capacidad diplomática y destinar recursos a la cooperación. Podría empezar por asumir el compromiso de impulsar un programa integral para acoger a migrantes venezolanos en condiciones preferenciales.
@JAlvarezFuentes
