Hace unos días, el presidente López Obrador participó en una ceremonia en el Campo Marte para echar a andar la reestructuración de la Sedena. El objetivo, nos dicen, es reorganizar las múltiples funciones que ha adquirido esa dependencia (que van desde construcción y administración de aeropuertos, instalación de cajeros, vacunación, detención de migrantes, prevención del delito y hasta la siembra de árboles y entrega de recursos de programas sociales -entre muchas, muchas otras. Además, servirá para que la Sedena pueda hacerse cargo de la Guardia Nacional. A pesar de que esta debía ser policiaca y civil, por mandato constitucional, se construyó como un brazo del Ejército. Pues bien, con esta reforma quedará abierta y formalmente subordinada a la Sedena.
Con todas las funciones civiles que este gobierno ha militarizado, la Sedena sufre de sobrepeso. Es tal su volumen que no basta un Secretario para dirigirla. El presidente tomó protesta de un nuevo cargo: el comandante. Mientras que el secretario será "el responsable de todas las fuerzas armadas", el comandante será quien se encarga del equipamiento, adiestramiento y operación de las mismas. No hace falta esperar a que sea aprobada la reforma constitucional, la decisión -¿del presidente?- está tomada.
Actualmente la Constitución prohíbe a los militares realizar tareas ajenas a la disciplina militar. Pero con la reforma anunciada los militares estarán autorizados para detener personas, prevenir e investigar delitos, intervenir comunicaciones, catear domicilios, etc. de manera permanente. No importa que estemos violando diversos instrumentos internacionales que obligan a usar a los militares en seguridad pública solo de forma extraordinaria y siempre subordinada al poder civil.
Hace unas semanas se filtró un documento de Sedena con la ruta crítica de la dependencia para este sexenio. Este incluye la publicación del acuerdo militarista (hoy impugnado ante la Corte), la presentación al presidente del proyecto de reforma constitucional, el cabildeo en el congreso para lograr su aprobación y la promulgación de la reforma constitucional. Es decir, estas reformas vienen de la Sedena, no de Presidencia.
En el evento referido el presidente dijo: "Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe." Lo afirmó rodeado de militares, cuestionando -una vez más- la capacidad de los civiles. La escena parecía la definición ostensiva de la militarización, una sátira por lo contrastante entre lo dicho con los hechos.
No parece tener sentido ya dialogar con el gobierno en lo referente a la militarización. A López Obrador no le interesa -o no puede sostener- el equilibrio entre el poder civil y militar, tampoco la (mucha y contundente) evidencia acumulada o la Constitución. Él quiere -o acepta- gobernar con el ejército. Ha impulsado -o permitido-, como nadie, la intervención militar en la administración pública federal. Pero se requiere de una supermayoría en el Congreso para legalizar el úlltimo atropello y el presidente no la tiene. La oposición aún puede defender la Constitución y el gobierno civil. Ojalá esté a la altura.
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