El pasado 28 de julio, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no afectaría ninguna área natural, sea protegida o no. "Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente", dijo. El 3 de agosto, el presidente fue cuestionado por Bloomberg sobre la construcción de la refinería Dos Bocas en un área que Petróleos Mexicanos (Pemex) se había comprometido a proteger. Al respecto, respondió que en Dos Bocas se cuidan todos los estándares de protección al medio ambiente y que incluso hay un plan para cuidar la flora y la fauna.
Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, compartió el 30 de julio pasado en su cuenta oficial de Twitter, fotografías mostrando como un logro el "parque ecológico al interior de la refinería Dos Bocas". La respuesta de los tuiteros no se dejó esperar y le llovieron críticas en donde -mostrando incluso imágenes de la zona impactada- se le reprochó la destrucción de manglar que se realizó en ese terreno para construir la obra, lo cual constituye sin duda un ecocidio.
Al respecto, vale la pena recordar que el 16 de noviembre de 2018, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) interpuso una denuncia popular ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (Asea), en contra de quien resultare responsable tanto en Pemex, como en la compañía SCCA, por haber realizado desmonte de vegetación en el municipio Paraíso, estado de Tabasco, sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo forestal, ni con la Autorización de Impacto Ambiental correspondientes.
La Asea confirmó que la vegetación del sitio fue ilegalmente removida sin permiso ambiental e impuso sanciones. Por su parte, Pemex reconoció la propiedad sobre el predio, por lo que es imposible creer que no tuviera conocimiento del delito que se cometió en él. En su momento, el CEMDA y otras organizaciones señalaron que el sitio elegido en el municipio de Paraíso, Tabasco, para construir la refinería Dos Bocas constituye un ecosistema prioritario para la conservación.
El propio Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) había señalado en 2008 que ese lugar no era adecuado para una refinería, debido, entre otras cosas, a que en él existe una amplia gama de especies protegidas o con estatus de peligro; lagunas y pantanos, con suelos arcillosos, así como riesgo potencial de incremento del nivel del mar por la vulnerabilidad al cambio climático, entre otros.
Adicionalmente, la manifestación de impacto ambiental se evaluó de forma fragmentada, impidiendo a las autoridades ambientales conocer los impactos acumulativos y sinérgicos del proyecto, como pudieran ser la fragmentación de los hábitats, modificación de los escurrimientos naturales, compactación de suelo, pérdida de filtración, así como afectación al humedal y la vegetación de manglar presente en el área. Además, la construcción de la refinería contradice los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.
Lo menos que se espera es que la Semarnat, cuya función es elaborar e implementar una política de Estado de protección ambiental que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país, realice sus funciones y vigile que se cumpla el compromiso expresado recientemente por el Presidente en torno al cuidado del medio ambiente por parte de su administración. Ya vamos para tres años de este gobierno y no se ve claro. ¿Cómo acabará esta Administración en materia ambiental?
* Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
** Gerente de Comunicaciones del CEMDA
