Es increíble y peligrosa la fascinación que todavía en 2021 tienen tantos políticos latinoamericanos con la dictadura cubana, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras las protestas democráticas del pasado 11 de julio en diversas regiones de Cuba -bajo los gritos de "¡libertad!" y "¡abajo la dictadura!"-, AMLO salió en defensa del régimen de La Habana. No es la primera vez que lo hace, antes también ha sido cuidadoso con cómo se refiere al régimen de Venezuela.
¿Cómo defender a una tiranía? ¿Cómo justificar o hacerse de la vista gorda ante dictaduras, tanto en Cuba como en Venezuela? El presidente mexicano está cayendo en una incongruencia enorme entre la política exterior de su gobierno -al ignorar los abusos de poder de regímenes como el cubano o venezolano- y lo que dice querer para el suyo: democracia y justicia.
Dos eventos recientes ejemplifican esta contradicción: sus palabras en el natalicio del libertador Simón Bolívar y la controversial consulta popular para "enjuiciar expresidentes".
En una celebración del aniversario de Bolívar, el 24 de julio, AMLO dio unas declaraciones preocupantes y que muestran una terrible (y voluntaria) ceguera. El presidente de México aprovechó el evento para exaltar los supuestos triunfos de la Revolución cubana al tiempo que evadió totalmente las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la censura, la absoluta falta de democracia y a los tiranos que han gobernado la isla con brutalidad desde 1959. Las palabras de AMLO -un presidente elegido legítimamente por más de 30 millones de mexicanos- no fueron una sorpresa.
En una entrevista en mayo de 2017, antes de que se convirtiera en presidente, se negó a llamar dictaduras a los regímenes de Cuba y Venezuela. Me dijo que no quería engancharse en esos temas y que lo hacía, además, para respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones.
Refiriéndose al venezolano Nicolás Maduro, me dijo: "No lo voy a juzgar". "Yo no estoy a favor del autoritarismo en ningún lado. Estoy a favor de la libertad de los presos políticos", agregó. Ante mi insistencia, reiteró: "No quiero meterme en ese asunto". La razón: "Tenemos principios de política exterior. No intervención y autodeterminación de los pueblos".
Después le pregunté por Raúl Castro, quien en ese año era el líder oficial de Cuba, ¿a él sí lo podía llamar "dictador"? "No, yo no le llamaría a nadie así", dijo, y agregó: "Tienes el derecho de preguntarme todas esas cosas. Yo también tengo el derecho a no engancharme con esos asuntos. No voy a meterme en eso. Soy respetuoso".
Y, por no querer engancharse, López Obrador se ha puesto del lado de las dictaduras de Cuba y Venezuela, del lado equivocado y oscuro de la historia. Ser neutrales ante dictaduras que persiguen a opositores y que tienen presos políticos es ser su cómplice. Y eso que tanto respeta en esos países ha dicho no quererlo en México, incluso esa es una de las razones dio para la hacer la consulta popular del 1 de agosto.
Ese día, los mexicanos tuvieron la oportunidad de participar en una votación para investigar o no las decisiones tomadas -o posibles actos de corrupción- de varios expresidentes mexicanos, los antecesores de AMLO.
En la misma entrevista de 2017 en la que negó calificar de dictadores a Maduro y Castro, le pregunté a López Obrador del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Me dijo que creía que Peña Nieto era corrupto y que había cometido al menos un acto de corrupción (el caso conocido como "La casa blanca"). Ante mi pregunta sobre si lo enjuiciaría si llegara a ganar la presidencia, me contestó: "Yo no voy a actuar, contrario a lo que se dice, de manera autoritaria. Va a haber Estado de derecho. No va a haber persecución".
Aunque el punto de la consulta es cuestionable (si AMLO de verdad está convencido de que hubo fraudes electorales y actos de corrupción en el pasado, no necesita una consulta popular, basta con iniciar una investigación independiente o crear una comisión de la verdad), su intención de no persecución es buena.
Pero si ese compromiso contra la persecución política y el afán de no actuar "de manera autoritaria" es serio, parece una contradicción no rechazarlo de manera tajante y clara en Cuba o Venezuela, en donde perseguir a opositores o críticos ha sido expuesta y denunciada por las Naciones Unidas y buena parte de las democracias del mundo.
Todo esto hace preguntarnos: ¿para qué la consulta?
La respuesta crédula y positiva es que el gobierno de López Obrador está genuinamente interesado en no politizar la justicia. En México nunca ha sido enjuiciado un expresidente y nos sobran razones para hacerlo. Mi país, con el Partido Revolucionario Institucional en el poder (1929-2000), fue un lodazal político marcado por fraudes, matanzas y robos. Investigar y castigar actos criminales del pasado sería benéfico.
La otra respuesta, más cínica, es que AMLO necesitaba un distractor para ocultar sus terribles fallas en el manejo de la pandemia y la seguridad pública. Ha fracasado en lo más esencial: proteger la vida de los mexicanos. Y a veces no hay nada más efectivo para distraer la atención que encontrar un enemigo odioso -un villano favorito- y lanzarse contra él. El espectáculo de enjuiciar a un expresidente (o a varios) sería viral, consumiría meses, quizás años, de noticias y análisis.
Como quiera que sea e independientemente de los resultados finales de la consulta, el presidente de México debería ser un referente regional de la democracia -también en Cuba y Venezuela- para que sus buenas intenciones democráticas al interior del país sean creíbles.
