Dice la exposición de motivos presentada a la Suprema Corte en la petición de consulta popular a realizarse este 1 de agosto: Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en crecimiento descontrolado de violencia, inseguridad pública, violación masiva de derechos humanos, impunidad como norma y quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esta etapa trágica se denominó neoliberal o neoporfirista. Explica.
En julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante fraude electoral, en la lista de la revista Forbes -en la cual figuran las personas más ricas del mundo-, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con 2 mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos, que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares. Casi todos ellos, habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos.
Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor: privatizó bienes nacionales como Ferrocarriles, pero además adjudicó a los mexicanos deudas privadas por 552 mil millones de pesos en el marco del "rescate bancario" de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el 2070.
Vicente Fox llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizó el turbio proceso de 2006 sino por el propio Fox, quien, al año siguiente, en una entrevista con Telemundo, admitió que "era importante detener a López Obrador", y en 2010 se jactó de haber "cargado los dados" del proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios de la democracia.
Felipe Calderón embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a "combatir al narcotráfico" que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de bandas delictivas, pese a innumerables advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una facción del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.
La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como desde la oposición formalmente se exigió. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener votos y aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.
Este 1 de agosto se preguntará al pueblo: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
@kardenche
