A medida que vuelve a crecer la tasa de contagios en los EUA, y en particular en aquellas ciudades que lograron revertir exitosamente las altas cadenas de transmisión del COVID, las autoridades en todos los niveles están valorando las acciones a tomar para hacer frente al esparcimiento de la nueva variable Delta, que lamentablemente está afectando más a los jóvenes y personas con sistemas inmunológicos débiles, aún y cuando ya se encuentran totalmente vacunados.
En NY el reto es grande, porque aun y cuando casi el 60 % de sus habitantes estamos vacunados, hay un 40 % que se resiste, sea por negligencia, ignorancia o dogma. Con esa porción poblacional en alta vulnerabilidad, hay un riesgo latente de volver a tener hospitales colapsados, con un problema de salud pública sin resolver, y una economía que no termina de reactivarse.
A diferencia de otras ciudades y países, en Nueva York no hay propiamente dicho una tercera ola de transmisión del virus, de hecho, los números en contagios, hospitalizaciones y fallecimientos son de los más bajos que hay en todo el país, teniendo en cuenta que hace un año fue el epicentro del COVID a nivel mundial. No obstante lo anterior, hay legítima preocupación por la rapidez con la que se está esparciendo el virus.
En una carrera contra el tiempo, el problema no es la disponibilidad de vacunas, que las hay y de sobra. El tema es cómo hacer para que las personas no vacunadas sean inoculadas pronto. Vacunar obligatoriamente o no, he ahí el dilema.
En un sistema político no democrático, supongo no es tan complicado imponer una política pública obligatoria. Simplemente se ordena su implementación, y con los mecanismos y acciones de los que se hacen valer, logran el propósito sugerido. Hay más eficacia y en algún sentido, más protección.
En una democracia es más complejo, porque se parte de la libre voluntad de las personas para que concurran a recibir sus vacunas. Se complica la implementación de una política pública de esta naturaleza, cuando el gobernado no quiere ser inoculado. Si el número no fuera representativo, no habría efecto alguno, pero cuando no es así, está de por medio la protección del interés público, y la seguridad nacional, por las implicaciones de riesgo que potencialmente puede crear en otras áreas estratégicas del país.
Por ello, casos recientes como los de Israel, Francia e Italia, en donde están exigiendo que toda persona que quiera socializar en lugares públicos, deberá acreditar que ya está vacunado, de otra manera no le darán acceso. En otros momentos, establecieron una especie de toque de queda, en la que las personas debían tener un permiso de tránsito, de otra manera eran detenidos y multados.
En Estados Unidos, la ciudad de San Francisco se ha convertido en la primera autoridad local en obligar a todos sus empleados a vacunarse, de otra manera serán objeto de sanciones disciplinarias. Lo mismo ha hecho la Universidad de Indiana y otras instituciones privadas han comenzado a trazar una ruta que asegure que todos los trabajadores estén vacunados para mantener sus empleos.
Vaya reto, pero justificado y necesario garantizar la mayor protección de la salud pública, con los mecanismos propios de la democracia, por la vía del derecho y el sentido común, ya que será difícil volver a recuperar nuestras libertades y empleos sin salud, esto es sin estar vacunados.
Twitter: @Jorge_IslasLo
