Es un problema por demás trillado -"ya chole", diría López Obrador-pero es decisivo para México porque no podrá existir un desarrollo integral si no se resuelve pronto.
Hablamos de la inseguridad que priva en México desde hace ya muchos años, pero que se ha recrudecido en el régimen morenista ante el fracaso de la estrategia "abrazos y no balazos".
De acuerdo a las cifras oficiales reveladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el total de homicidios dolosos de diciembre del 2018 hasta el pasado mes de junio ascendió a los 91,620 en donde se incluyen los feminicidios.
Esto representa un promedio mensual de 2,955 asesinatos contra los 1,689 registrados en promedio durante el gobierno de Felipe Calderón y los 2,172 del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De no subsanar este grave problema el régimen de Andrés Manuel López Obrador concluirá con más de 200 mil homicidios contra los 156,437 del gobierno de Peña Nieto y los 121,600 de Calderón.
¿Pero qué pasa en la actual administración? ¿Cómo es posible que no se registre una baja significativa en la violencia cuando diariamente el gabinete de seguridad se reúne en Palacio Nacional para analizar esta situación?
¿De qué ha servido la creación de la Guardia Nacional con la inversión de miles de millones de pesos y que al día de hoy cuenta con alrededor de 102,000 elementos distribuidos en 80 cuarteles a lo largo y ancho de la República?
¿Cuál es la razón de que ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Ciudad Obregón y Guadalajara, entre otras, mantengan altos índices de homicidios y de inseguridad?
De entrada hay que señalar que el diagnóstico realizado por las autoridades federales desde el inicio del actual régimen adolece de muchas fallas.
La pobreza y el desempleo en algunas regiones del país incita a los jóvenes a reclutarse en las filas del crimen organizado, pero no es una tendencia general, de ser así los municipios más pobres serían los más violentos y no es el caso de Tijuana, León o Culiacán, por citar tres ciudades prósperas y además violentas.
Tampoco es verdad que la violencia cederá con los programas sociales ni tratando de disuadir amigablemente a los criminales y a sus carteles a abandonar sus actividades ilícitas.
La operación de una Guardia Nacional bien adiestrada y ajena a la corrupción apoyará sin duda la cruzada contra la inseguridad, pero tendrá que acompañarse con medidas drásticas que se han aplicado con éxito en otras naciones.
Una de ellas es acabar de tajo con la impunidad. Cero tolerancia al delito: detener, juzgar y sentenciar con firmeza a todo delincuente, especialmente a los criminales de alto calibre.
Cero tolerancia contra las autoridades deshonestas, toda denuncia debe investigarse a fondo y castigar sin miramiento a los jueces, agentes investigadores y policías corruptos.
México es desde hace tiempo, un país con alto consumo de drogas, se requieren campañas intensas para desalentar las adiciones y operativos con bisturí para desactivar a las bandas urbanas.
Finalmente establecer acciones coordinadas con Estados Unidos y países de la región para combatir con éxito a las redes del narcotráfico.
Años atrás México exportaba mariguana, amapola y opio al extranjero, hoy comercia además cocaína, fentanilo y metanfetaminas, entre otras sustancias ilícitas.
Se considera a México el distribuidor número uno de drogas en el continente dejando muy atrás a Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia. Los cárteles mexicanos tienen además nexos con la delincuencia organizada de Europa y Asia.
Es evidente que la estrategia oficial ha fracasado, pero no solo en materia de homicidios sino también en feminicidios, abusos sexuales y violencia familiar.
A ello hay que añadir las extorsiones y el clima de intimidación que priva en la sociedad mexicana ante el ominoso poder de los criminales. La gente está harta de los abusos.
¿Veremos en lo que resta del sexenio resultados en contra de la violencia?
NOTICIA FINAL…
Si consideramos que el Partido Verde recibirá este año un total de 542 millones de pesos de subsidio, entonces le salió barato pagar 20 millones de pesos a los "influencers" para atraer votantes el día de las elecciones y la multa por 40 millones de pesos por parte del INE. El peligro habría sido perder el registro lo que evidentemente no ocurrió.
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