El espionaje tiene una historia tan larga como la de la humanidad. Ha sido un instrumento que se acepta para proteger la seguridad nacional desde sus orígenes. En el derecho internacional se reconoce al espionaje como un recurso para la defensa del Estado y su soberanía, sobre todo, en situaciones de guerra; "como gobierno estoy autorizado a espiar a otros países, pero rechazo que otros países me espíen". Con el curso del tiempo, el uso del espionaje se extendió al combate del terrorismo y, recientemente, del crimen organizado. La "fiesta" del espionaje se facilitó con el advenimiento de nuevas tecnologías, de comunicación e información. Esta transición del espionaje también implicó mayor acceso de otras organizaciones, además de los gobiernos, a las tecnologías correspondientes.
La preponderancia de gobiernos nacionales en las actividades de espionaje, vinculadas con asuntos de seguridad nacional, desembocó en espionaje de todos los ámbitos de gobierno (los estatales son el mejor ejemplo) y sus organizaciones, así como de entidades económicas, privadas o del sector público.
En muchos países, los objetivos del espionaje se ampliaron al ámbito político, por ejemplo, durante el macartismo en EUA. Los medios de comunicación también se volvieron practicantes sistemáticos del espionaje, como apoyo para el periodismo de investigación, y como herramienta para competir.
La revelación sobre el espionaje utilizando la tecnología "Pegasus" de origen israelí ha detonado una preocupación mayor a nivel internacional y en México, donde los hallazgos son particularmente graves.
La empresa NSO, creadora de Pegasus, describe a sus clientes como 60 agencias de inteligencia, militares y de procuración de justicia en 40 países que, en conjunto, adquirieron capacidad para intervenir 50 mil teléfonos celulares. La lista de los principales países es reveladora, por sus tendencias políticas antidemocráticas: Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos. La operación de NSO y de empresas similares es posible debido a la ausencia de regulaciones capaces de limitar el espionaje de ciudadanos por parte de sus propios gobiernos.
De los 50 mil teléfonos penetrados en el mundo, 15 mil corresponden a México (30%). Frente a esta sacudida, el martes la UIF informó que las entidades gubernamentales que adquirieron la tecnología Pegasus en el periodo 2012-2018 fueron PGR, SSP, el Gobierno de Veracruz, Segob, Semar y la Secretaría de Hacienda de Chiapas, el Instituto de Formación Policial, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el Gobierno del Edomex, Conagua y Banobras. En conjunto, gastaron 6 mil millones de pesos en ese periodo, del orden de 50 millones de dólares por año. Santiago Nieto agregó que se "implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al 2018".
Además, se ha vuelto frecuente que precandidatos a elecciones espíen a sus rivales, lo que abona a compras por gobiernos estatales, que también los utilizan para perseguir periodistas y activistas sociales.
Desde hace años, algunos señalan que empresas privadas mexicanas también cuentan con centros de espionaje sofisticados, que con frecuencia emplean a exfuncionarios públicos de las áreas de seguridad e inteligencia, y que generan insumos para extorsiones en lo económico y en lo político.
Como si faltara, ahora resulta que México ha vivido una verdadera "fiesta" de espionaje hediondo, de todos contra todos.
