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La contraloría municipal de Lerdo omite respuestas a oficios

Falta de acción es un incumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley

El contralor municipal, José Alonzo Villalobos, nunca respondió sobre el oficio dirigido por la afectada al alcalde Homero Martínez. (ARCHIVO)

El contralor municipal, José Alonzo Villalobos, nunca respondió sobre el oficio dirigido por la afectada al alcalde Homero Martínez. (ARCHIVO)

DIANA GONZÁLEZ

La contraloría municipal de Lerdo no dio respuesta a seis oficios recibidos por esta dependencia y dirigidos al titular, José Alonzo Villalobos de la Cruz, este año, mismos que mandó Elvira Reyes Iza, propietaria de la finca ubicada en el 162 de la avenida Matamoros (donde se encuentra el autolavado "Nonoalco"). En los oficios, solicita al contralor dar seguimiento al escrito que recibió de parte de ella el presidente municipal Homero Martínez Cabrera con fecha del 26 de febrero de este 2021. El contralor nunca hizo nada.

Mediante estos oficios dirigidos a la contraloría municipal, la dueña de la finca pide la clausura del autolavado puesto que uno de los requisitos para que pudiera trabajar ese negocio es tener licencia de funcionamiento y para el otorgamiento de dicha licencia (que el autolavado no tiene) es indispensable la aprobación de los dueños de la propiedad, "y este establecimiento no cuenta con mi autorización para laborar en este inmueble", cita el documento recibido el 29 de marzo. Hubo otros 5 de este tipo de marzo a abril pero nuevamente el contralor no hizo nada.

La falta de acción u omisión del funcionario representa un incumplimiento de su parte a sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y con el propio Bando de Policía y Buen Gobierno de Lerdo.

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La contraloría municipal no solo tendría que dar respuesta por ley y resolver las solicitudes de los ciudadanos sino que además tiene la obligación de "establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía", según cita la Fracción VII del Artículo 96 de la Ley Orgánica, pues es la encargada de evaluar diferentes áreas municipales.

Además, de acuerdo con el Bando de Policía y Buen Gobierno de Lerdo el Ayuntamiento, a través de la contraloría municipal, debe vigilar que las acciones de los servidores públicos se conduzcan en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables (Art.55) pero en este caso no intervino.

Según el mismo ordenamiento municipal, entre las facultades del contralor, en este caso de José Alonzo Villalobos de la Cruz, se encuentra "conocer, investigar, sustanciar, y resolver, los procedimientos administrativos, así como establecer e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en responsabilidad en los términos de la normatividad aplicable. Las resoluciones de la contraloría deberán emitirse de manera pronta y expedita, debidamente fundadas y motivadas, sobre los principios de impartición y procuración de justicia", cita el Artículo 57 del Bando pero el contralor no hizo nada.

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De igual manera entre sus obligaciones citadas en el mismo artículo se encuentra la de "sustanciar los procedimientos administrativos por acciones u omisiones de conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares..", pero el contralor simplemente no actúo.

EL MOTIVO

José Alonzo Villalobos de la Cruz, no intervino ni hizo su trabajo porque también es integrante del Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna A.C. (Camalac Laguna) que preside el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, quien ha intervenido constantemente a través del grupo de abogados que forman parte de la misma asociación y que laboran en la presidencia municipal a favor de la persona que incluso ha extorsionado a Elvira para evitar dejarle su finca, que es Salvador Rodríguez Morales, de lo cual El Siglo de Torreón tuvo acceso a audios ya publicados en este mismo medio. Al menos cinco funcionarios de Lerdo que son abogados de Camalac, son señalados por tráfico de influencias en el caso del autolavado Nonoalco que opera de manera ilegal en Lerdo.

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