El destape anticipado de la baraja presidencial es un distractor de los problemas nacionales. Son muchos y variados. Uno de ellos crucial: la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte es la única instancia que puede evitar la destrucción institucional. Si se vulnera a la Corte se afecta al país entero. Sería, parafraseando a Dante, la pérdida de toda esperanza. El juez constitucional, el de la moralidad pública, es el último recurso para la sobrevivencia institucional.
En sí mismo, prolongar la presidencia de Arturo Zaldívar es algo inocuo. El conflicto no es la persona Arturo Zaldívar, se trata de algo más relevante: la observancia de la Constitución.
El presidente de la República y la mayoría del Poder Legislativo se han coludido para violar la Constitución. Confabulados pasaron por alto una disposición inequívoca, que no admite interpretación, tan clara como el párrafo en que está inscrita: "Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior" (Art. 97 constitucional).
La razón que adujo AMLO para ampliar la gestión de Zaldívar es que es la única persona que puede llevar adelante las reformas judiciales. Estas son importantes, necesarias y deseables, pero descalificar a los diez ministros, al afirmar que ninguno de ellos podría llevarla adelante es un atentado republicano.
La intromisión presidencial violenta la división de poderes, además, ofende la integridad y solvencia profesional de los ministros de la Suprema Corte. AMLO ha dicho que no podrían encabezar la reforma porque provienen de otra época. La contradicción es escandalosa, en tanto él propuso al Senado a tres de los ministros en funciones: González Alcántara, Esquivel y Piña. Conforme a la Constitución los nombramientos deberán recaer en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. No es entendible porque los ministros que no se llamen Zaldívar no tengan estos atributos.
Además, pertenecer a otra época no es aplicable a Zaldívar, quien fue propuesto nada menos que por Felipe Calderón, para la 4T un conservador y adversario político.
La idea que AMLO tiene de la presidencia de la Corte muestra ignorancia. La reforma judicial que ha planteado y cuyo éxito -según AMLO- depende de Zaldívar es una equivocación. El papel del presidente de la Corte es de un líder de debates. Es un primero entre pares, pero no tiene una jerarquía distinta o preeminencia. Su voto es igual al de los demás ministros. La representación que lleva del Poder Judicial Federal y de la Corte es meramente protocolaria. No puede hablar a nombre de la Suprema Corte si el Pleno no lo autoriza, ni decidir por sí el cumplimiento o incumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a los órganos judiciales.
El intento de vulnerar el texto constitucional es un grave error y atenta contra la independencia judicial y la división de poderes. La Suprema Corte deberá asumir su compromiso con la Constitución. Para ello debería declarar inconstitucional el contaminado transitorio. No hacerlo podría convertirse en otro error del tambaleante sexenio.
@DrMarioMelgarA
