El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) alertó sobre la concentración de manifestantes sobre Avenida Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico. (EL UNIVERSAL)
Familiares de presos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 14 en Gómez Palacio, Durango se manifiestan frente a Palacio Nacional.
Protestan por presuntos casos de tortura y abuso de autoridad hacia a las personas privadas de la libertad, por lo que solicitan la intervención del Ejecutivo Federal.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) alertó sobre la concentración de manifestantes sobre Avenida Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
Con cartulinas y testimonios, los inconformes exigen ser atendidos en sus demandas.
Tortura no ha parado en México: ONGs
En México, las autoridades municipales, estatales y federales siguen torturando de forma sistemática, a pesar de que la Presidencia diga que se trata de un fenómeno del pasado.
Así lo denunció en junio el diputado alemán Sebastian Brehm, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Bundestag (Parlamento), en sintonía con diversas instancias, como la Organización Mundial contra la Tortura.
"Se debe poner en la agenda lo que ocurre en México e incidir en que las declaraciones del Presidente son falsas cuando dice que no hay tortura; todo lo contrario, existe una brutalidad", dijo.
La misma evaluación hicieron Sandra Alarcón, activista de Tlachinollan, y Jorge Luis López, de Fray Bartolomé de Las Casas, quienes describieron el posicionamiento federal frente a la tortura como "totalmente irreal".
Afirmaron que el silencio institucional obstruye el esclarecimiento de los casos, al tiempo que permite que la tortura siga siendo un ejercicio generalizado. La pandemia sólo profundizó la problemática, detallaron.
López informó que su organización recibió 37 denuncias en 2020, muy por arriba de las nueve reportadas en 2019. En lo que va del presente año suman cinco.
En algunos casos habrían participado miembros del Ejército, la Guardia Nacional y policías, mientras que fiscales, jueces y otros funcionarios contribuyeron como encubridores.
