Este 11 de julio se cumplieron 15 años del ataque realizado por elementos del Ejército Mexicano contra un grupo de mujeres de dos centros nocturnos como venganza ya que la Policía Municipal arrestó a un soldado en uno de esos lugares.
A 15 años de estos hechos, un subteniente del Ejército continúa prófugo de la justicia, un soldado salió de prisión después de cumplir su castigo y cuatro más siguen presos purgando sentencias de hasta 41 años.
Parada contra la pared del cuartucho, totalmente desnuda, con las manos en alto y encañonada con fusiles de asalto por elementos del Ejército, "Brisa", una bailarina de la zona de tolerancia de Castaños, pensaba que esa madrugada iba a morir.
Era su primer día de trabajo en el bar Las Playas, en la zona de tolerancia de ese pequeño municipio de la región Centro de Coahuila.
La joven de 28 años y madre de un pequeño, no imaginaba el terror que viviría al ser víctima de tortura, amenazas y reiteradas violaciones con objetos y armas por un grupo de soldados del Ejército Mexicano.
Ella y su compañera de trabajo son dos de las 14 mujeres que a manos de soldados, fueron víctimas de violaciones, golpes y amenazas.
Sandra de Luna, presidente del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar A.C. (Coprovvi) y representante de las 14 víctimas, recordó que fue un proceso penal sin precedentes en el que las autoridades civiles aplicaron la justicia a ocho militares, de los cuales, a cinco se les dictó sentencia condenatoria, mientras que continúa vigente la orden de aprehensión contra el oficial evadido.
El juicio sentó un hito en la historia: nunca se había logrado una sentencia condenatoria contra militares por abusos cometidos contra civiles en México, Centro o Sudamérica hasta ese octubre de 2007, cuando un juez penal del fuero común de Coahuila encontró culpables de los delitos de violación, violación impropia, lesiones y amenazas a los uniformados.
UNA PESADILLA
Era la madrugada de un martes 11 de julio de 2006 y había poca clientela en el bar La Playa, así que algunas mujeres estaban en la entrada viendo hacia la brecha en espera de algún parroquiano.
"Nosotras vimos que venían los soldados en una Hummer… pensamos que sería algún operativo", narró Brisa (su nombre fue cambiado para proteger su identidad).
"Nos sacaron. Nos dijeron que nos quitáramos la ropa y nos empezaron a esculcar… nos dejaron ahí", explicó. Los elementos abordaron su unidad y volvieron a la primera cantina, El Pérsico, donde iniciaron los abusos. Cabe mencionar que la cantina El Pérsico se encontraba a unos 150 metros brecha arriba del bar La Playa.
Una media hora después regresaron los militares. Era noche cerrada y la zona de tolerancia, ubicada en las faldas de un cerro, estaba mal iluminada.
"Comenzaron (los soldados) a golpear a unos policías en el transcurso del camino. Nosotras estábamos viendo las siluetas y cómo los estaban golpeando. Al velador lo dejaron tirado; era un señor ya mayor de edad, ya grande", explicó Brisa.
Recordó que a una de sus compañeras los soldados la sacaron nuevamente, pero a ella y a otra bailarina las llevaron a unos cuartitos donde encañonadas con los fusiles y a golpes, las volvieron a desnudar y las manosearon. "Todavía tenía (el soldado) en sus manos de ese gas pimienta y nos ardía demasiado", narró la mujer.
Los militares violaron a las mujeres con sus armas de cargo, mientras que las bailarinas de El Pérsico fueron abusadas sexualmente por los militares que las sometieron.
UNA TORCIDA IDEA DE AUTORIDAD
El conflicto inició a temprana hora por un soldado de Caballería del destacamento de Múzquiz, quien estaba asignado a la vigilancia de las oficinas del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en Monclova, por las elecciones que se celebraron ese año.
El militar llegó a la zona de tolerancia de Castaños y participó en una pelea en El Pérsico. Los policías municipales asignados a la vigilancia del sector lo arrestaron y llevaron a la comandancia de Seguridad Pública, donde el soldado pidió "la atención" de que lo liberaran porque era miembro de un cuerpo de seguridad, lo cual se le concedió, explicó Sandra de Luna.
Agregó que el militar regresó a la base en Monclova y le dijo a su comandante lo ocurrido, por lo que éste tomó cartas en el asunto. A bordo de un vehículo del Ejército y con varios elementos bajo su mando, llegó a la zona de tolerancia, donde agredieron a los agentes policiales asignados a la zona roja, al velador y a los trabajadores de las dos cantinas. Además, abusaron de las mujeres que trabajaban en ambos centros nocturnos.
JUICIO SIN PRECEDENTES
De Luna dijo que para llevar a la justicia a los militares, "tuvimos que sacar el caso de Coahuila y llevarlo a todo el país y al extranjero". Pidieron apoyo a organismos feministas y al Instituto Nacional de la Mujer (INM), al que le exigieron que se pusiera a trabajar para defender los derechos de las víctimas, mientras que algunas Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Human Rights Watch, (con sede en Washington) seguían de cerca el proceso.
El apoyo del Gobierno estatal apoyó para que los soldados implicados fueran juzgados en un tribunal no militar, indicó Sandra de Luna.
Hiradier Huerta Rodríguez, entonces juez y quien llevó la causa penal, explicó que tuvo que realizar muchos estudios jurídicos para validar la competencia del tribunal del fuero común en ese asunto.
Antes de ese proceso, todos los casos en los que había soldados acusados de algún delito, eran atraídos por la justicia militar bajo el criterio de que las autoridades civiles no podían procesar a militares en servicio.
"Después de estudiar el caso y conocer la asignación y órdenes recibidas por los soldados, concluimos que no estaban en servicio porque fueron asignados exclusivamente a la vigilancia y seguridad del IFE en Monclova; no se encontraban cumpliendo la encomienda y hasta habían salido de la ciudad, porque cometieron esos actos en Castaños", explicó el juez.
Con esta tesis consiguieron que los altos mandos militares entregaran a los soldados a las autoridades civiles. El oficial que encabezó el ataque, un subteniente, desertó del Ejército y escapó. Aún sigue vigente la orden de aprehensión en su contra, pero existe la creencia de que huyó del país porque no ha sido encontrado en estos 15 años.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue muy respetuosa de las autoridades judiciales del fuero común que llevaron el caso. "No recibimos ninguna clase de presión del Ejército; fueron otros sectores sociales los que presionaron", sostuvo el entonces juez.
Grupos sociales y la iglesia católica presionaron a las autoridades para que procesaran y encarcelaran a los militares, hasta llegaron a acusar al juez de encubrir a los acusados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también intervino y realizó varias observaciones a las autoridades policiales.
El juez recordó que la sentencia más alta que dictó fue de 41 años y explicó que los ocho militares acusados recibieron sentencia. Dos de ellos fueron declarados inocentes porque se demostró que no estuvieron presentes en los hechos, además ninguna de las víctimas los identificó y ellos y sus mandos superiores demostraron que el 11 de julio de 2006 estaban asignados al destacamento de Piedras Negras.
Un tercer soldado fue sentenciado a cinco o siete años de prisión por el delito de lesiones; él participó en las golpizas a los policías y guardias de las cantinas, pero no en las violaciones.
Cuatro militares más recibieron sentencias que siguen purgando en prisión. Solo el mando de ellos, quien huyó, ha evadido la justicia, indicó Huerta Rodríguez, hoy magistrado del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
"El expediente constaba de 20 mil hojas. Eran escritorios llenos de expedientes que se fueron acumulando porque habían muchos hechos conexos o conexos a un mismo inculpado. Era el equivalente a unos 60 juicios", señaló Huerta.
Tan solo para las sentencias, explicó el juzgador, trabajaron en el Juzgado Penal de nueve de la mañana a nueve de la noche los siete días de la semana durante tres meses.
Desde la sentencia dictada a los acusados en octubre de 2007 y hasta la fecha, se han modificado las leyes, se presentaron impugnaciones y amparos, y los soldados obtuvieron reducciones a sus sentencias, pero continúan presos y sin oportunidad de obtener su libertad anticipada.
¿QUÉ FUE DE LAS 14 MUJERES?
Algunas de las víctimas se fueron del país. Viven en Estados Unidos donde se casaron y tienen empleos con nivel de supervisoras, indicó Sandra de Luna.
Dijo que otras continúan viviendo en México y varias en el estado. Algunas tienen negocios propios, otras son empleadas y otras más son amas de casa.
Sostuvo que Coprovvi aún mantiene contacto con casi todas las víctimas y afirmó que en su mayoría todas rehicieron su vida. Brisa fue la única de las afectadas que concedió entrevista. Actualmente es empresaria en el giro alimenticio. La organización de Sandra de Luna la apoyó. Otra de las afectadas trabaja con Brisa.
Todas recibieron apoyo psicológico, asistencia legal, emocional y económica del Coprovvi durante y después del proceso legal.
Los hechos ocurrieron en dos centros nocturnos ubicados en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, en la región Centro de Coahuila.
