Colombia vive, desde hace dos semanas, un estallido social, en extremo grave. Un estallido que se proyecta más allá que otra crisis política, el cual tendrá, ciertamente, profundas consecuencias para el presente y futuro del país y para el conjunto de la región. Las protestas multitudinarias en contra del desempeño y conducción del gobierno del presidente Iván Duque han tenido lugar diariamente en todas las ciudades colombianas, empezando por Cali, el epicentro, luego de que las autoridades intentaran imponer una fallida reforma tributaria. Las protestas, lejos de ceder, van en aumento, ante el endurecimiento de las medidas represivas por los saqueos y actos vandálicos y las reverberaciones siniestras de la brutalidad policiaca para tratar de controlar la movilidad en los barrios pobres y proteger los establecimientos comerciales. Un conjunto de dificultades políticas y conflictos sociales no resueltos, la notoria agudización de las desigualdades económicas, los efectos perversos de una inexistente justicia transicional, y, sobre todo, una profunda y generalizada desesperanza entre los jóvenes, junto con una serie de medidas autoritarias y muestras de ingobernabilidad en los últimos años, han terminado por acumularse, hasta explotar con enfrentamientos y bloqueos.
Las manifestaciones populares son también una reacción frontal ante el manejo de la pandemia y la grave crisis de salud, económica y de seguridad pública. El país se encuentra paralizado, azotado de nuevo por distintas formas de violencia, con una acentuada falta de respeto por la vida, lo que ha conducido a casi 50 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos. El gobierno se aferra a la institucionalidad, empecinado en imponer el orden público, contando para ello con los aparatos administrativo y de justicia, y, por supuesto, el ejército y el apoyo de las élites. El presidente ha hablado con líderes, mentores y aliados políticos, con sus correligionarios del derechista Centro Democrático, con miembros de formaciones políticas afines, con los interlocutores habituales de distintos sectores, pero ha sido renuente a encontrarse con otras fuerzas, oír otras voces, a escuchar los reclamos de los jóvenes y a atender las demandas de quienes asume antagonizan con su gestión. A pesar de la escalada, el presidente Duque ha mostrado nula disposición para sentarse a dialogar efectivamente con los líderes del Comité del paro, más allá de las declaraciones del Comisionado de Paz, y comenzar a acordar una agenda que incluya negociar el cese de la violencia, la vacunación masiva, la rápida y segura reactivación económica, la recuperación de decenas de miles de empleos, otorgar el apoyo necesario a las pequeñas y medianas empresas, garantizar la educación gratuita, retomar la protección social de los más vulnerables, empezando por las comunidades marginales, campesinas e indígenas y los conglomerados urbanos, y finalmente, lograr la estabilización de las finanzas públicas.
Es necesario destacar, como antecedentes fundamentales de este estallido, el largo conflicto armado que el Estado colombiano trató de resolver en años recientes, pero no solucionó del todo. Sigue estando ahí, también, muy presente, la importantísima dimensión económica del narcotráfico, con más de 80 mil hectáreas destinadas al cultivo de la hoja de coca, todo lo cual ha tendido a hacer aceptable o normal mayores niveles de confrontación, con múltiples actores acostumbrados a hacer uso de la violencia. La cual, por cierto, no es privativa del gobierno, de la disidencia de la guerrilla, de los exguerrilleros, los narcos o de los paramilitares. Ahí están los asesinatos y desapariciones de dirigentes indígenas, campesinos y excombatientes. Las tensiones van en aumento, ante el temor del gobierno de que el estallido haga ingobernable el último año del mandato de Duque, cuando crecen en las calles y entre las familias la incertidumbre y las carencias de empleos, alimentos y medicinas. Mientras el expresidente Álvaro Uribe repite que los efectivos de la policía antidisturbios en Cali deben detener a "la horda de bandidos que han invadido la ciudad", es urgente encontrar soluciones que puedan formularse a través de un diálogo comprensivo e incluyente. Ello requiere precisamente de tiempo, el que hoy apremia, puesto que no se trata sólo de desactivar el descontento, sino de darle cauce a las mayores movilizaciones en décadas, cuando los bolsillos y los ánimos de millones de colombianos y colombianas no aguantan más.
Las expresiones de preocupación y de condena por parte de diversas instancias internacionales, empezando por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no se han hecho esperar, frente a la espiral de violencia y a los recurrentes mensajes de confrontación retórica que reiteran que el Estado colombiano no puede sino responder con contundencia ante "actos de vandalismo, terrorismo y violencia irracional", justificando la actuación de los agentes encargados obligados a hacer cumplir la ley y el orden, sin que ello signifique que éstos y sus superiores jerárquicos puedan dejar de respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad a la hora de vigilar y controlar las manifestaciones. Resulta inaceptable la disolución de las protestas mediante el uso de la fuerza y el asesinato selectivo.
¿Habrá en Colombia aún la posibilidad de forjar un futuro sin violencia, sin armas, cuando proliferan los conflictos en el mundo? ¿Será ello posible cuando advertimos, en medio de la prolongación de la pandemia, la reconfiguración a nivel global del narcotráfico, de sus operaciones y redes, estando en curso un acelerado reacomodo de las economías, de los negocios, operadores, socios, carteles, rutas, sectores beneficiados y élites de la cocaína? ¡Vaya escenario explosivo!
@JAlvarezFuentes
