Vaya bocanada de oxígeno recibió esta semana la democracia y el estado de derecho en México.
Cuando buena parte de los ciudadanos mexicanos sentíamos el rigor y los excesos de un gobierno autoritario y alejado de las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral en dos asuntos vitales:
Los candidatos de Morena a gobernador para Guerrero y Michoacán fueron bajados de la contienda por no cumplir con un requisito básico: reportar los gastos de sus precampañas políticas.
EL segundo asunto se refiere a impedir la sobre representación de los partidos en el Congreso, un tema en donde los partidos ganadores abusaban como fue el caso de Morena en la actual legislatura.
Curiosamente las disposiciones legales aplicadas en ambos casos fueron propuestas años atrás por Morena y sus aliados para dar mayor transparencia a las campañas políticas y para impedir que el PRI y el PAN tuvieran un exceso de diputados y senadores.
Hoy los dirigentes de Morena, incluyendo el presidente López Obrador, critican y se retuercen de coraje por las decisiones del INE y del Tribunal Federal Electoral, pero se olvidan del origen de las leyes que condujeron a estos fallos.
En el fondo el problema central en México es la dificultad para aplicar las leyes, siempre o casi siempre prevalecen los criterios políticos y económicos sobre los legales.
¿Recuerda usted cuándo se dejó libre a Ovidio Guzmán por temor a una reacción del crimen organizado? ¿Y años atrás cuando se dio marcha atrás en la acusación por desacato en contra del entonces gobernador de la Ciudad de México, Andrés López Obrador?
En efecto no estamos acostumbrados a que la autoridad electoral cancele el registro de uno o más candidatos porque no presentaron su reporte de precampaña.
La costumbre es que nadie presente cuentas claras en precampañas y campañas para después quejarnos amargamente de que el candidato electo ganó de manera fraudulenta. ¿Se acuerdan del caso Peña Nieto?
Tampoco estamos acostumbrados a que los presidentes en turno rindan cuentas claras ni que reconozcan sus errores políticos y económicos.
Sobre la corrupción damos por hecho que los políticos en el poder se van a enriquecer y que solo en casos excepcionales serán perseguidos por la justicia.
Emilio Lozoya Austin, prófugo desde el sexenio pasado y cuyos delitos de enriquecimiento están a la vista, defiende su caso cómodamente desde su hogar cuando debería estar tras las rejas.
Por ello, pues, hay que celebrar que dos instituciones prácticamente ciudadanas como el INE y el Tribunal Electoral apliquen la ley hasta sus últimas consecuencias a pesar de las presiones y amenazas del gobierno y el partido en el poder.
Vale reconocer además al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) por presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y de paso al poder judicial que ha dado curso a solicitudes de amparo contra la nueva ley eléctrica, entre otros asuntos de índole nacional.
Finalmente la democracia y el estado de derecho se construyen en base a instituciones sólidas que operen al servicio de la ley y la ciudadanía y no de los gobernantes ni los partidos en turno. Sin contrapesos de poder sería imposible avanzar como país democrático.
¿O ya se nos olvidó que por tal omisión en la vida nacional tuvimos un partido que se enquistó en el poder durante setenta años y llevó a México a uno de sus períodos más lamentables en cuanto a vida democrática, desarrollo social y económico?
¿Queremos ser un país como Estados Unidos donde sus instituciones impidieron que su ex presidente Donald Trump manipulara las leyes y extendiera su poder? ¿O acaso preferimos que la ley se aplique a modo y que en materia democrática se hagan montajes todos los días como sucede en Cuba y Venezuela?
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En contraste flota en el país la gran interrogante de por qué el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha demorado su decisión sobre aceptar o rechazar la extensión de su periodo por dos años, simplemente porque así lo decidió Morena en el Congreso con el abierto respaldo presidencial. ¿No podrá anticipar Zaldívar que suceda lo que suceda dejará su cargo en el 2022 y no en el 2024?
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