¿Está López Obrador poniendo en peligro la democracia en México?, El Siglo de Torreón
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EDITORIAL

¿Está López Obrador poniendo en peligro la democracia en México?

El Reporte Oppenheimer

ANDRÉS OPPENHEIMER
viernes 30 de abril 2021, actualizada 8:10 am


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El nuevo intento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de interferir con el Poder Judicial está atrayendo una creciente atención internacional, al punto de que importantes juristas de varios países están expresando temores sobre el futuro de la democracia mexicana.

El presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremades, me dijo que su grupo emitirá un comunicado de más de 1,000 expertos legales en los próximos días para advertir sobre la "fragilidad" del estado de derecho de México. La Asociación incluye exministros de cortes supremas, jueces, expertos legales y profesores de derecho de 140 países.

Cremades me dijo en una entrevista desde Madrid, España, que las medidas de López Obrador para interferir con el sistema de justicia generan interrogantes sobre si México seguirá siendo un destino seguro para las inversiones extranjeras.

"Algunas de las acciones que ha tomado producen una verdadera preocupación en cualquier jurista, y en cualquier demócrata del mundo", me dijo Cremades, refiriéndose al presidente. "Hay muchos que piensan que la democracia, el estado de derecho, y el imperio de la ley ahora están bajo acoso" en México, agregó.

El Congreso mexicano, de mayoría oficialista, aprobó una nueva ley extendiendo el mandato del juez de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, un aliado cercano del presidente, por dos años. Eso le permitiría a Zaldívar quedarse en su puesto hasta el final del mandato de López Obrador.

Parece un tema trivial, pero no lo es, porque prácticamente todos los juristas independientes coinciden en que la ley es inconstitucional. La Constitución mexicana dice en su artículo 97, artículo 4, que el mandato del presidente de la Suprema Corte es de solo cuatro años y "no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior".

López Obrador dice que solo busca una extensión de dos años del mandato de Zaldívar, y no su reelección. El presidente alega que es muy importante que Zaldívar permanezca en su cargo para poder reformar el sistema judicial, que según el mandatario está repleto de jueces "al servicio de los poderosos" y "los conservadores".

En días recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de defensa de derechos humanos Human Rights Watch también han expresado sus preocupaciones.

"La medida contraviene directamente la Constitución mexicana" y es "un asalto directo al estado de derecho en México", dice el director regional de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Lo más preocupante es que la ley para extender el mandato de Zaldívar no es un hecho aislado. Aunque López Obrador no es un dictador como Nicolas Maduro, ha tenido actitudes que generan dudas sobre si no está tratando de cooptar lenta pero gradualmente las instituciones independientes.

El mes pasado, López Obrador envió una carta pública a Zaldívar pidiéndole que iniciara una "investigación" contra un juez que había fallado en contra de su proyecto de reforma energética. Asimismo, López Obrador ha intensificado sus críticas al Instituto Nacional Electoral, que ha jugado un rol clave para permitir elecciones libres en México.

Al atacar a las instituciones independientes, López Obrador hará más difícil que México se recupere de su recesión económica, porque muchos inversionistas mexicanos y extranjeros se van a preguntar dos veces si poner su dinero en un país que no genera certidumbre jurídica.

¿Cómo puede esperar López Obrador que los inversionistas confíen en el estado de derecho de México cuando apoya una ley inconstitucional?

¿Cómo podemos saber si López Obrador no intentará reelegirse en 2024, a pesar de que la Constitución lo prohíbe? Si violó la Constitución al pedir una extensión del mandato del presidente de la Corte Suprema, ¿Por qué no lo haría por el mismo?

Estas son algunas de las preguntas muy válidas que se hacen la Asociación Mundial de Juristas y otras instituciones mexicanas e internacionales. Tienen buenas razones para estar cada vez más preocupadas por el futuro del estado de derecho y la democracia en México.

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