Perfilan en San Lázaro desafuero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, El Siglo de Torreón
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Nacional

Perfilan en San Lázaro desafuero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca

La Sección Instructora prevé dictaminar en sentido positivo la solicitud de desafuero del gobernador panista

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO , miércoles 28 de abril 2021, actualizada 8:02 am

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Este miércoles la Sección Instructora de la Cámara de Diputados alista y perfila el dictamen del juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de operación de recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes consultadas, la Sección Instructora prevé dictaminar en sentido positivo la solicitud de desafuero del gobernador panista y sería el próximo viernes cuando se presentaría ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Se conoce la versión de que este miércoles, junto con el caso de García Cabeza de Vaca, también se prevé dictaminar la solicitud de procedencia en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por haber nombrado fiscales no capacitados ni certificados en su dependencia.

Sin embargo, quedarían pendientes los juicios de procedencia presentados contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, acusado de recibir de manera ilegal 2.5 millones de pesos del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte y el del diputado petista Mauricio Toledo, acusado también por la Fiscalía capitalina de enriquecimiento ilícito.

Este martes, Laura Borbolla, coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentó la solicitud de desafuero en contra del diputado de Morena Saúl Huerta Corona, a quien se le acusa de violación equiparada agravada en contra de un menor de edad y de abuso sexual agravado.

La declaración de procedencia es el acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos en el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público.

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