México reconoció, este martes por la mañana, parcialmente su responsabilidad internacional en el asesinato de la mexicana Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de los derechos humanos, ocurrido el 19 de octubre de 2001. (ARCHIVO)
México reconoció, este martes por la mañana, parcialmente su responsabilidad internacional en el asesinato de la mexicana Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de los derechos humanos, ocurrido el 19 de octubre de 2001.
El reconocimiento fue hecho por Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y principal expositor de la delegación del Estado mexicano en el segundo y último día de audiencias por vía virtual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó al elevar el caso a la Corte en octubre de 2019 que el Estado mexicano es responsable de la "vulneración del derecho a la protección judicial" de Ochoa, activista del (no estatal) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La muerte de Ochoa, de 37 años y oriunda de Veracruz, ocurrió en su despacho del Centro Prodh en la colonia Roma, de la capital mexicana.
El mexicano Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la víctima, señaló este lunes que la defensora de derechos humanos "fue asesinada de una manera cruel, vilmente", negó en forma reiterada que se hubiera suicidado y acusó que el Estado mexicano bloqueó la indagación del asesinato.
"Crimen de Estado", sentenció la mexicana Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos de México y una de las representantes de la familia Ochoa y Plácido.
La Corte concluirá hoy martes las audiencias y el proceso quedará visto para sentencia, cuya fecha de emisión deberá ser determinada por ese que, como instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), es el máximo tribunal hemisférico y tiene su sede en Costa Rica.
Los representantes de la familia insistieron en que Ochoa fue asesinada por su trabajo como activista de los derechos humanos al defender a ecologistas, estudiantes universitarios, campesinos, exguerrilleros y otras personas perseguidas por estructuras militares del Estado mexicano.
El homicidio de Ochoa se produjo en un "contexto generalizado" de violaciones a los derechos humanos en especial de 1995 a 2005 y en un "clima de impunidad", aseguró la abogada argentina Viviana Krsticevic, del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización hemisférica de derechos humanos, y también representante de la familia Ochoa y Plácido.
