Arturo Zaldívar decidió ser el asesor jurídico del lopezobradorismo. No lo ha hecho de manera encubierta. Abiertamente ha trabajado para el ejecutivo interviniendo en una función política que la constitución le tiene vedada: promover iniciativas de ley. Al aceptar la invitación del Ejecutivo para diseñar la reforma judicial (una aparente muestra de respeto a los jueces), el presidente del máximo tribunal se convirtió en asesor y cabildero. Zaldívar se prestó, desde el primer momento, a una transgresión que hoy termina siendo grotesca y de la que no puede sacudirse. Lo dijo el presidente López Obrador, cuando presentó la iniciativa de ley: "Como es facultad del Ejecutivo enviar reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el ministro un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y que vamos a firmar para enviar al Congreso". Así empezó esta historia: el presidente del tribunal supremo trabajando abiertamente para otro poder, asumiendo funciones que no le corresponden.
El asesor ha fundado su prestigio en una credencial: anticalderonismo. Tuvo, sin duda, el empaque para resistir las presiones del presidente que lo impulsó a la Corte. Ese episodio lo honra. Es cierto también que ha promovido el ensanchamiento de los derechos, que ha buscado la modernización de la ley, que ha procurado esclarecer la compleja labor de los tribunales. Pero su relación con el poder político, tras su digno enfrentamiento con Calderón, ha sido todo, menos ejemplar. Sugiero regresar al artículo que publicó en agosto de 2014 en la revista nexos. El juez era entonces, un promotor de las "reformas estructurales", se envolvía en la retórica de una modernidad que necesitaba inversión y citaba como fuentes de autoridad los documentos del Banco Mundial. Coincidía en que había que construir "instituciones para el mercado." El lenguaje de Zaldívar en tiempos del Pacto por México se mimetizaba con el del poder reinante. Pedía comprender la profundidad técnica de esas profundas y ambiciosas reformas. Con inteligencia y referencias académicas ofrecía la colaboración del poder judicial para que las reformas de Peña Nieto se hicieran realidad. Lo importante, decía, es que la función de las instituciones, "debe realizarse teniendo como telón de fondo las finalidades explícitas de las reformas." Los jueces debían abrir cauce jurídico a los propósitos del Gobierno.
Zaldívar ofreció públicamente sus servicios al lopezobradorismo desde su victoria en el 18. He comentado ya aquí un texto lamentable en donde el ministro pedía a los jueces escuchar el "mensaje de las urnas." Para el abogado del régimen, el poder judicial debía sintonizar con el ganador, hablar su lenguaje, asumir sus prioridades. Eso era, para él, el "constitucionalismo transformador." Aceptó el encargo que, transgrediendo las separaciones constitucionales, le otorgó el presidente y lo asumió de modo personal, sin la mínima participación de sus pares. Validó la consulta en la que se empeñaba el presidente López Obrador, ofreciéndole sus servicios como redactor que corrigiera los vicios de la pregunta original. El resultado fue un cantinflismo que se burla del ciudadano para complacer al presidente. Zaldívar ha asistido a eventos de propaganda del Gobierno, apartándose del elemental decoro que exige la conducta pública de un juez constitucional. Ha sido vehemente y ágil tuitero que brinca en defensa de personajes del régimen, pero un tímido protector de los jueces, de la ley o de los abogados que han recibido la violenta agresión del presidente. Su silencio de hoy ante la abominación constitucional es atronador. No es la discreción de un juez que solo habla por sus sentencias. Cada minuto que calla se muestra la vacilación del juez frente a sus lealtades y sus ambiciones.
López Obrador le tiene confianza a Zaldívar, no a la Suprema Corte. Por eso se suelta el argumento dictatorial del imprescindible. Nadie puede impulsar la reforma más que el confiable asesor. Con todo, creo que la trampa de los senadores morenistas no prosperará. El intento de prolongar el mandato del lopezobradorista en la Corte es tan ostentosamente aberrante que, aún bajo la furia de devastación institucional de estos tiempos, creo que se detendrá. Pero el golpe al prestigio del tribunal, a su imagen de independencia, a su deber de distancia está dado.
