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Ley de Hidrocarburos

Ante ley de hidrocarburos, amparos

La 4T está dejando al país inmerso en problemas legales ante instancias internacionales por posibles juicios

Con los cambios propuestos a la Ley de Hidrocarburos, el gobierno de la 4T está dejando al país inmerso en problemas legales. (ARCHIVO)

Con los cambios propuestos a la Ley de Hidrocarburos, el gobierno de la 4T está dejando al país inmerso en problemas legales. (ARCHIVO)

AGENCIAS

Con los cambios propuestos por el Ejecutivo federal a la Ley de Hidrocarburos, el gobierno de la 4T está dejando al país inmerso en problemas legales ante instancias internacionales por posibles juicios, consideraron analistas del sector. "Además, crea una mayor incertidumbre en el mercado de comercialización de petrolíferos y de las inversiones que ya se han hecho o que estaban programadas en este sector por parte de la iniciativa privada", dijo Ramsés Pech, analista del sector energético y socio de la firma Grupo Caraiva-León & Pech.

Los experto coincidieron en que este Gobierno busca recuperar la preeminencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles y que, en caso extremo, echaría mano de la expropiación de bienes construidos por inversionistas privados para cumplir su cometido, lo que puede dar paso a otra lluvia de amparos, como ocurrió con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Pech indicó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos no sólo violenta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que los cambios propuestos son "muy ambiguos y crean incertidumbre, al tiempo que frenarán inversiones, dando a pie a no cumplir con la política de almacenamiento en corto plazo". Añadió: "Esto violenta el tratado de libre comercio, debido a que se supone que los permisos son otorgados a empresas que tienen experiencia y cumplieron con todos los requerimientos para poder operar".

Además, elevar a ley la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de permisos, a fin de garantizar los intereses de la Nación, supone simplemente que el gobierno pueda expropiar instalaciones, lacerando las inversiones de privados al amparo del T-MEC o cualquier otro tratado firmado, en donde no se contempla la expropiación de activos, subrayó.

Para Luis Miguel Labardini, analista del sector energético y socio de la firma Marcos y Asociados, "la mayor participación de la IP en el mercado y en la cadena de petrolíferos y petroquímicos es la que está preocupando al gobierno federal".

"Si fuera por esta administración, todas las estaciones de servicio volverían a ser marca Pemex y la petrolera estatal sería el único capaz de importar combustibles y comercializarlos". Al cierre del año pasado había 7 mil 468 estaciones de servicio que operaban bajo la Franquicia Pemex, pero antes de la apertura del sector llegó a tener un máximo de 11 mil 578.

El especialista prevé una lluvia de amparos, "quizá no igual que con la Ley de la Industria Eléctrica, pero estás poniendo en riesgo inversiones muy grandes que ya se han hecho". Pech consideró que con esta contrarreforma aprobada en 2013 "estamos de nuevo perdiendo el tiempo, sin pensar en el futuro".

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