Para algunos países el regreso a la normalidad está siendo determinado por el ritmo de vacunación contra el virus causante del COVID-19. No es el caso de México, donde prácticamente todo -con la excepción de las escuelas- se encuentra ya abierto y en funcionamiento. El Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió la semana pasada los primeros lineamientos que distinguen las actividades que las personas ya vacunadas podrán realizar manteniendo, por supuesto, más restricciones para quienes no lo han sido. En la Unión Europea se discute la posibilidad de implementar un pasaporte de vacunación, un "pase verde digital"; Gran Bretaña también lo está considerando, al igual que EU.
Mientras unos países lo consideran, Israel ya lo implementó. A través de una aplicación gubernamental, se les otorga a los ciudadanos que ya hayan completado el esquema de vacunación un "pase verde" que permite que asistan a actividades sociales en espacios públicos. En Israel, la vacunación no es obligatoria, pero el "pase verde" es el empujón -el nudge diría Thaler- para lograr la inmunización masiva y, por supuesto, no ha estado exento de debate y de cuestionamientos éticos.
En el mundo se han aplicado 359 millones 460 mil 397 dosis, aproximadamente 4.7 por cada 100 personas. Israel ha aplicado las 9 millones 374 mil 827 dosis, 105 por cada 100 habitantes. Esto implica que 58% de la población ya recibió al menos una dosis y 47% de la misma ya completó el esquema, todas con la vacuna de Pfizer/BioNTech. El 90% de las personas mayores de 50 años ya están completamente vacunadas contra el COVID-19 y cualquier persona mayor de 16 años tiene acceso a la vacuna.
Israel está conduciendo uno de los experimentos en tiempo real más interesantes de la pandemia. En primer lugar, acordaron con Pfizer pagar una prima para asegurar las dosis suficientes para toda la población ofreciendo vacunar lo más rápido posible; y en segundo, facilitando los datos de salud de las personas vacunadas a la farmacéutica. Para Pfizer era un escenario ideal. Aplicar de forma masiva y expedita millones de dosis en un país con un sistema de salud pública conectado a una red digital nacional que le permitiría tener acceso a la información fácilmente.
Aún no es claro cuáles son los datos que se han compartido con Pfizer, el gobierno dice que son solo datos anónimos, generales y estadísticos, pero hay evidencia de que se ha compartido algo más que eso. El historial médico completo de cada ciudadano está digitalizado y cualquier proveedor de servicios de salud autorizado tiene acceso a la información con unos cuantos clicks. La información sería una mina de oro para las farmacéuticas, las aseguradoras, los laboratorios y tantos más, en detrimento de la privacidad del individuo.
No es este el único debate. ¿Será válido que un empleador despida o no contrate a alguien que por su decisión no haya sido vacunado? ¿Dónde se pone la línea entre lo que se debe hacer en aras de la salud pública y la libertad de los individuos? ¿Un pase verde ayudará a regresar a la normalidad o puede ser considerado discriminatorio? Las grandes crisis suelen enseñar grandes lecciones, pero hay que estar dispuestos a hacerse grandes preguntas.
Twitter: @ValeriaMoy
