Innovar en la gobernanza del agua (II), El Siglo de Torreón
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EDITORIAL

Innovar en la gobernanza del agua (II)

A la ciudadanía

GERARDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
miércoles 17 de febrero 2021, actualizada 7:27 am


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En la colaboración previa mencionamos como ha transitado la gestión hídrica en el país: de un manejo centralizado por las instituciones del Estado mexicano a una siguiente etapa en la que se abrieron espacios de participación a los usuarios de agua en algunas estructuras institucionales en las que les permitieron involucrarse, aunque de manera limitada, en la toma de decisiones, conformando un modelo de gobernanza del agua. También señalamos que esta apertura pretendía formar mercados de agua e incentivar la inversión privada en las actividades económicas que requirieran este recurso como insumo en sus procesos productivos.

El resultado de lo anterior fue que, ciertamente, empresarios y corporativos privados accedieron a los mercados de agua e invirtieron en dichas actividades, pero también por las facilidades que el Estado mexicano les proveyó condujo a una concentración monopólica de los recursos hídricos al grado tal que el dos por ciento de los concesionarios terminó acaparando el setenta por ciento de los volúmenes de agua disponibles en el país. Una de las consecuencias de esto fue que grandes poblaciones, entre ellas las residentes en algunas de las metrópolis más importantes, se quedaron sin agua, o con los saldos de volúmenes que los grandes usuarios les dejaron y estos no solo, en los hechos, privatizaron un bien público (el agua), también terminaron capturando las instituciones oficiales responsables de regular su uso.

El modelo de gobernanza adoptado a partir de 1992 se agotó, la falta de una regulación efectiva conduce a una crisis hídrica de dimensiones nacionales con diferentes expresiones regionales en las distintas cuencas hidrológicas, las cuales se están traduciendo en conflictos por el agua. Lo cierto es que recuperar la capacidad de regulación institucional no es nada fácil ante los intereses económicos y políticos creados en torno al vigente manejo y uso del agua, donde parece muy complicado cambiar la política hídrica como lo está siendo la propia Ley de Aguas, misma que desde hace casi una década debió reformarse por mandato constitucional.

El modelo dual de toma de decisiones entre las instituciones oficiales y los usuarios privados se agotó, muestra su incapacidad de ofrecer alternativas de solución a los conflictos por el agua y, por tanto, ante los impactos que está teniendo en el abasto y calidad para la población, propiciando que los ciudadanos se involucren no solo cuestionando las formas actuales de manejo y uso del agua, sino también presentado propuestas coherentes de solución. Estamos ante un escenario en el que la participación ciudadana impulsa un nuevo modelo de gobernanza del agua que enfrenta esos intereses creados en torno al anterior.

¿Dónde ocurren estas innovaciones? La estructura de gestión principal que se estableció en el anterior modelo de gobernanza son los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, quienes acompañan la gestión hídrica. Sin embargo, a pesar de no tener capacidades resolutivas y vinculantes sobre las decisiones gubernamentales, en ellos son los funcionarios de gobierno y los grandes usuarios quienes asumieron el rol central dentro y fuera de dicha estructura.

La innovación que se está promoviendo y que tal parece tendrá eco y será impulsada desde algunas instancias del gobierno central, es darle carácter resolutivo y ser vinculantes con la aplicación de las políticas hídricas, cambio que tendrá un efecto correctivo si se legisla dotándoles de capacidades institucionales, y si se reorganiza modificando su composición y funcionamiento. Es necesario democratizar los Consejos de Cuenca abriendo espacios de representación a aquellos sectores de la sociedad que no los tienen o los poseen de manera subrepresentada, tal es el caso de los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios y los afectados hídricos.

Pero no solo falta redefinir una estructura que acompañe con capacidad legal de incidencia en las políticas y programas hídricos, en el otorgamiento de concesiones de agua o en la determinación de prioridades sobre la atención de los problemas y la asignación de presupuestos, también hace falta que se creen estructuras que supervisen y vigilen la debida aplicación de esas políticas y los fondos públicos, con capacidades institucionales de denunciar cuando esto no ocurra y vincular esas denuncias al sistema anticorrupción nacional y los estatales, con el propósito de contener y sancionar los delitos en esta área como ocurre con la oficialmente reconocida presencia del huachicoleo hídrico.

Esta nueva estructura son las Contralorías Ciudadanas Autónomas, conformadas por personas que se involucren en el rol descrito en el párrafo anterior, sin conflicto de interés. No son las ya existentes Contralorías Sociales que si bien tienen un papel institucional no han podido cumplir con las funciones para las cuales se contemplaron en el marco normativo vigente. Estos dos componentes son claves en el nuevo modelo de gobernanza del agua.

En las diferentes cuencas hidrológicas los ciudadanos se están organizando para incidir en la reforma de las estructuras de gestión del agua, y es este proceso de ciudadanización de la política hídrica en que se viene depositando la transformación institucional y social que será regulada con la nueva Ley de Aguas, de la cual existen cuatro iniciativas en discusión en el Congreso de la Unión, donde la Iniciativa Ciudadana que presenta la Red Nacional Agua para Todos representa la propuesta más avanzada que conduzca a la democratización de la política hídrica. Esperemos que los actuales legisladores la apoyen en lo fundamental y que aquellos aspirantes que ya andan en campaña también lo hagan.

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