Ocasiones anteriores en esta columna hemos abordado el tema titulado, mismo que hoy tratamos en virtud de que se avizoran nuevos vientos que posiblemente permitirán emprender innovadoras formas de gobernanza del agua en México y, por consecuencia, en nuestra cuenca y región. Esta innovación viene siendo impulsada desde hace varios años por organismos civiles, pero es probable, más no seguro, que también hayan permeado en algunos ámbitos de las instituciones responsables de aplicar la política hídrica nacional, por lo que vale la pena comentarlo con fines informativos pero también de promoverla.
Por gobernanza del agua entendemos el andamiaje o las estructuras institucionales existentes en los diferentes niveles de gobierno en los que gobiernos y ciudadanos participamos en la toma de decisiones que definen la gestión hídrica en nuestro país. Estas estructuras están determinadas por el marco normativo que regula esa gestión (manejo y uso del agua), particularmente en la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992, en el cual se basa también la política y los programas que implementan las instituciones del sector.
Un poco de antecedentes. Las primeras leyes de agua reglamentarias de la Constitución Política de 1917, establecieron un modelo de gestión hídrica en el que el Estado mexicano concentraba la toma de decisiones sobre las políticas y acciones en esta materia, en el que prácticamente no había gobernanza porque desde el gobierno se decidía casi todo, el cual con el tiempo y ante el crecimiento de la economía y la población demostró ser insuficiente para enfrentar los problemas cada vez más complejos que se presentaban, sufriendo cambios que se incorporan en la ley de 1992, entre ellos destaca abrir espacios de participación en la toma de decisiones a los usuarios organizados que obtenían concesiones para usar volúmenes de agua, sea con fines económicos o para distribuirlos a la población, y de manera restringida a los ciudadanos que no las tenían.
Durante estas últimas décadas no solo la realidad se volvió más compleja, sino que esa ley presentaba vacíos y omisiones en la regulación de la gestión del agua y favorecía su uso como mercancía que se incorporara a los procesos productivos, se trataba de promover la formación de mercados de agua que incentivarán la inversión privada en los sectores económicos donde este recurso desempeña un papel clave. Si bien esto ocurre en algunas de las actividades productivas, también se presentaron distorsiones económicas y sociales que condujeron a la actual crisis hídrica por la que atraviesa el país, expresada en la gran cantidad de cuencas de aguas superficiales y los acuíferos sobreexplotados, sobre-concesionados y contaminados.
Una de esas distorsiones económicas ha sido que los mercados de agua fueron acaparados por los actores económicos con mayor capacidad para acceder a ellos, concentrando concesiones y volúmenes a través de un tráfico legal e ilegal que permitió la formación de grandes monopolios que no solo desplazaron a pequeños productores campesinos y pueblos originarios, sino también afectaron a grandes núcleos de población urbana y rural que sufren problemas de abasto y calidad de agua, como sucede en nuestra región.
En ese tráfico hubo complacencia y complicidad de funcionarios públicos del sector en el otorgamiento de concesiones y en la asignación de fondos públicos para mejorar tecnológicamente el uso del agua. En nuestra Cuenca Nazas-Aguanaval, pero particularmente en la Comarca Lagunera, las distorsiones económicas constituyeron un factor que favoreció crear un emporio agropecuario-lácteo de importancia nacional, no solo concentrando en forma legal las concesiones y volúmenes de agua sino también extrayendo y traficando en forma ilegal volúmenes adicionales a los disponibles en forma natural, como indican los datos oficiales sobre el llamado huachicoleo hídrico de 440 Hm3 de aguas subterráneas y una cantidad menor de aguas superficiales.
Lo cierto es que el modelo de gobernanza del agua creado con base a la ley de 1992 muestra ser insuficiente para revertir y corregir esas distorsiones económicas y sociales favorecidas por la propia política hídrica. Ya no es suficiente involucrar solo a los usuarios en la gestión hídrica, la mercantilización de este recurso con frágiles regulaciones indica que las fuerzas del mercado operando así no son los suficientemente racionales para evitar la crisis hídrica que padecemos, tal parece que bajo estas condiciones la precipitaron.
Pero la alternativa de volver a centralizar la gestión hídrica por parte de las instituciones del Estado mexicano no parece ser la más adecuada si existe la pretensión, al menos declarativa en el discurso oficial, de realizar una gestión sustentable del agua, es darle mayor racionalidad al manejo y uso del agua para revertir y corregir dichas distorsiones económicas y sociales. Volver a concentrar en el gobierno la gestión hídrica sería como remembrar el pasado que caracterizó al régimen político autoritario.
La opción más pertinente es democratizar la gestión hídrica, profundizar y ampliar la gobernanza del agua mediante la reforma del marco normativo y la reorientación de las políticas públicas en la materia, donde se cubran sus vacíos, omisiones y distorsiones cambiando la orientación de priorizar el uso del agua como mercancía por el de cumplir con el derecho humano al agua y al ambiente, pero también de transformar las estructuras de gestión hídrica vigentes. En esto profundizaremos la siguiente semana.
