En junio de 2010, Mariana Lima murió, aparentemente se había suicidado. Las circunstancias irregulares en que se llevó a cabo la investigación, en la que -indebidamente- participó su esposo en su carácter de policía ministerial; sobre todo considerando los antecedentes de la violencia que él ejercía en su contra, despertó dudas en la familia sobre el rumbo que seguía. Después de un largo recorrido, el asunto llegó al conocimiento de la Corte, que ordenó reponer todas las diligencias necesarias para investigar su muerte, privilegiando la perspectiva de género y atendiendo -en todo momento- los lineamientos que dictó.
Hoy, lamentablemente, la sociedad se estremece con la muerte de Mariana Sánchez Dávalos, una joven de 24 años, prometedora estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, que realizaba su residencia en un centro de salud de una comunidad de Ocosingo, al que fue asignada en agosto pasado.
Luego de la necropsia, el informe del forense determinó que la causa de su muerte fue por ahorcamiento, sin huellas de violencia o agresión sexual; en pocas palabras: suicidio. Se informó y se procedió a la cremación del cuerpo, sin la debida autorización de sus familiares.
Su muerte, sin embargo, estuvo precedida por la circunstancia de que Mariana, meses atrás, según testimonio de familiares y amigos, había sido víctima de acoso y de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros, lo que denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante las autoridades universitarias y de salud, solicitando su transferencia. La respuesta fue el cambio de turno del presunto agresor y ella recibió un ofrecimiento de días de vacaciones "para que se recuperara".
Las circunstancias en que se da la muerte de Mariana indignaron a la comunidad estudiantil de la Universidad y a la sociedad entera, mismas que llamaron a la movilización social. Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, condenaron el hecho, exigiendo su esclarecimiento.
La presión social dio pie a que las autoridades competentes en el Estado, aún y cuando informan que no se ha localizado denuncia alguna que Mariana haya presentado ante la posible existencia de un delito sexual, determinaron iniciar una investigación oficiosa, así como también la investigación por el delito de feminicidio.
¿Acaso las autoridades y las instituciones públicas requerimos de la movilización o presión sociales para que se investiguen cada una de las 10 muertes violentas de mujeres que se registran cada día en nuestro país? Yo estoy convencida que no. La solución al problema no es la presión derivada del encono social, eso es sólo una penosa consecuencia de un problema institucional profundo y de graves consecuencias.
La inacción y la indiferencia de las autoridades ante las denuncias de violencia de género, se traducen en impunidad y reproducen la violencia que se pretende atacar.
Casos como el de Mariana, se pueden prevenir si las autoridades que conocieron de los hechos que denunció, hubieran adoptado, de manera inmediata, las medidas apropiadas para garantizar su integridad física, para lo que bastaba sólo el indicio de que pudiera estar siendo víctima de acoso o cualquier forma de violencia.
El fallo de Mariana Lima es emblemático porque propició que la Corte emitiera directrices específicas para la investigación de muertes violentas de mujeres y, en general, de los delitos en su contra, así como impuso deberes a las autoridades investigadoras, que deben cumplirse.
Con impotencia, hoy vemos segar la vida de otra mujer, una joven que en su vocación de servir a la comunidad, anhelaba ser médica. Sueños y anhelos rotos, una madre devastada por la pérdida de la que fuera su única hija, una sociedad herida en sus entrañas, que exige de sus autoridades la investigación de los hechos con perspectiva de género y apegada a derecho. Una sociedad que, una vez más, clama justicia.
