La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que este jueves la a agencia del Ministerio Público Itinerante estará en Gómez Palacio con el fin de recibir denuncias de actos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales o municipales. (DIANA GONZÁLEZ)
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que este jueves la a agencia del Ministerio Público Itinerante estará en Gómez Palacio con el fin de recibir denuncias de actos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales o municipales.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Durango, Lic. Héctor García Rodríguez, estará este jueves 28 de enero en el Hotel Nuve, ubicado en el bulevar Miguel Alemán #251 de la colonia Las Rosas, en Gómez Palacio, Durango.
Salvaguardando las medidas de protección de carácter sanitario contra la enfermedad generada por el virus del COVID-19, en esta gira de trabajo por Gómez Palacio se instalará, en el lugar antes citado con un horario de 9:00 a 15:00 horas, el Módulo de la Agencia del Ministerio Público Itinerante para recibir denuncias de la población por hechos o actos de corrupción.
Algunos delitos de corrupción son: El peculado, cohecho, soborno, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, negación del servicio público, intimidación, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público así como actos ilícitos cometidos en el ámbito de la procuración o administración de justicia
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un órgano de procuración de justicia con autonomía constitucional técnica y operativa para prevenir, investigar y perseguir los delitos de corrupción en el territorio estatal, con respeto a los Derechos Humanos.
Su titular, en este caso Héctor García, es propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso del Estado y cuenta con Vice-Fiscales, Agentes de Ministerio Público, Policías Investigadores y Peritos Especializados.
El objetivo principal es que sus actuaciones concluyan en la reparación del daño a las víctimas y la recuperación de activos robados, con la protección de las personas denunciantes y testigos, y la imposición de las sanciones de prisión, multa e inhabilitación de los servidores públicos y particulares responsables.