Hace tres meses, nadie había imaginado que una agencia norteamericana arrestara en Estados Unidos a un general mexicano retirado, de cuatro estrellas, acusarlo de narcotráfico y tensar los hilos de la siempre compleja y delicada red de relaciones entre México y la potencia hegemónica. También fue sorpresa que Estados Unidos soltara su magnífica presa tras el reclamo mexicano por no haber sido informado de la operación que le hizo caer. Menos sorprendente fue que la Fiscalía mexicana hiciera pública la documentación con que la DEA justificó su acción y la declarara mal fundada. Todo ello alteró lo mismo la relación México-Estados Unidos que la del presidente López Obrador (AMLO) con el Ejército, abrió un nuevo frente en la guerra entre el presidente y sus adversarios y sembró la duda en la opinión pública en torno al compromiso clave de AMLO: el combate a la corrupción.
Desde que Washington reaccionó a la protesta mexicana devolviendo a un general supuestamente acusado con pruebas sólidas para depositar en el gobierno de acá al que no le tienen confianza -por ello lo mantuvieron en la ignorancia de la investigación- la responsabilidad de juzgarle, generó un problema mayúsculo al sur del Bravo. Si el gobierno mexicano aceptaba sin chistar las pruebas y la legalidad de la operación de la DEA y procedía a condenar al acusado, el ejército tomaría esa reacción del presidente como una acción contra la corporación. La interpretaría como la aquiescencia de su "jefe nato" a la maniobra norteamericana contra las fuerzas armadas, justo cuando el gobierno ha pedido y logrado el apoyo de las fuerzas armadas para llevar adelante un abanico de tareas vitales para el éxito de la 4ª Transición. Si, por el contrario, el gobierno mexicano optaba por el camino que finalmente tomó: objetar la calidad de las pruebas con que la DEA dice que el general fue sobornado por un narcotraficante que ya murió en un choque con la armada, entonces la relación presidente-Ejército no sufriría, pero sí la credibilidad de la promesa de AMLO de usar toda la fuerza de su gobierno para enfrentar la corrupción del viejo régimen. Y por si ello fuera poco, también se dañaría la relación del gobierno mexicano con la nueva administración de Washington. En suma, la DEA puso al gobierno de México en una situación donde cualquiera que fuera su reacción saldría dañado.
La DEA es una agencia añosa y con intereses propios. No es absurdo suponer que tomó en cuenta las implicaciones políticas de su acción. Por 32 años, el Federal Bureau of Narcotics (FBN) que luego se transformaría en DEA, fue dirigida por un personaje de claroscuros - Harry J. Anslinger- y cuya relación con México distó de ser ejemplar, (ver la tesis de Mariana Flores, El Colegio de México, 2013 y el artículo de Carlos A. Pérez Ricart, en Frontera norte [online]. 2019, vol. 31). Con ochenta años o más de presencia activa en México, la FBN-DEA puede ser muchas cosas, menos ignorante o inocente en asuntos de política mexicana, y debió de tener plena conciencia de la bomba política que arrojaba sobre AMLO y su proyecto al arrestar en suelo americano al general de Enrique Peña Nieto, un presidente inevitablemente asociado a la corrupción de alta escuela.
Para el gobierno mexicano, la salida menos costosa será, no sólo hacer públicos todos los documentos propios y norteamericanos sobre el caso, sino investigar los supuestos sobornos al general y responder de inmediato a cualquier nueva prueba que presente una DEA rápida y furiosa. Y si esas pruebas lo ameritan, volver a abrir plenamente el caso, sin importar las reacciones de quien sea, aquí o allá. La credibilidad del gobierno y el interés nacional están en juego.
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