En esta columna hemos insistido en la dimensión global de la minería. Conviene abordar de nuevo este tema para insistir en que, en el contexto de la aceleración y dislocación de las transformaciones mundiales, exacerbadas por la pandemia, la relevancia geopolítica y geoeconómica de la minería revisten una importancia estratégica. En amplios sectores de la opinión pública mexicana debiera haber mayor conciencia y una mejor comprensión. La actividad minera en México tiene lugar en al menos 22 estados, siendo un componente y eslabón esencial de las cadenas productivas y de valor, al constituir el sector minero metalúrgico el 4% del PIB nacional y el 8% del PIB industrial. Sin ser del dominio público, grandes extensiones del territorio nacional, -cerca de 115 millones de hectáreas- han sido concesionadas en las últimas décadas, por sucesivos gobiernos nacionales, teniendo empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y canadienses, una participación mayoritaria, explotando 70% de esas concesiones. Nuestro país se encuentra entre los primeros 10 países productores de plata (seguiremos siendo el primer productor mundial), oro, cobre, bismuto, fluorita, celestita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, yeso, barita y grafito. Hasta hace algunos años, México era el principal destino de las inversiones en exploración minera en América Latina y ocupaba un lugar destacado, entre los 20 primeros en el mundo. Para las economías de Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, la minería tiene una importancia fundamental.
En el informe de FUNDAR, publicado en 2002: "Minería, comunidades y medio ambiente. Investigaciones sobre el impacto de la inversión canadiense en México", ya se señalaba que la Ley Minera había tenido como objetivo establecer condiciones competitivas, favorables para las inversiones nacionales, pero sobre todo extranjeras, en el marco de la red de acuerdos de libre comercio, con un enfoque destinado a promover la expansión de las actividades industriales mineras, en el que se establecieron pocos controles y equilibrios entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades y pueblos originarios asentados en esos territorios, fijando como una prioridad las actividades mineras, por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra. Según información difundida en fecha reciente por la Secretaria de Economía, tanto el PIB como la inversión extranjera directa en el sector minero se desplomaron durante el primer semestre del año pasado. El PIB del sector se ubicó en 608 mil millones de pesos (en contraste con los 889 mil millones de pesos del 2019), habiendo disminuido las inversiones extranjeras de mil 152 millones de dólares a 873 mdp. Lo anterior debe tenerse en cuenta, aun cuando las autoridades, en la segunda fase de la pandemia, hacia junio pasado, reconsideraron la minería como una actividad esencial. Hoy los pronósticos coinciden en que habrá una caída del sector, con cerca de una centena de proyectos que serán postergados dada la incertidumbre, la falta de confianza de los inversionistas y otros factores de competitividad como las fluctuaciones en los precios de determinados metales, posibles cambios en las políticas públicas, mayores cargas impositivas a nivel local, retrasos, negación o cancelación de permisos.
Asimismo, en este panorama de contrastes, debe tenerse presente el compromiso anunciado por el gobierno federal, de que México implementará la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), como parte de los esfuerzos para alcanzar una mejor gobernanza en el sector minero, mayores beneficios sociales para las comunidades y la población local en general, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. No está claro cuáles serán, en los hechos, los alcances, si los hay, del compromiso manifiesto del gobierno del presidente López Obrador con una minería sustentable y socialmente responsable. Abona a lo anterior, la inconcebible desaparición de la Subsecretaría de Minería en el organigrama de la Secretaría de Economía y la incertidumbre existente sobre el destino y aplicación de los recursos del Fondo Minero, que se anunció, tendrían como principal beneficiario las tareas sustantivas de la Secretaría de Educación Pública y la infraestructura escolar en los estados mineros. Por otra parte, siendo una actividad esencial para el país, la banca comercial disminuyó el crédito para el sector minero, con una reducción de la cartera de un 3.6% en el primer semestre del 2020, en contraste con la banca de desarrollo, esto es, con la banca administrada por el gobierno, que, durante ese semestre, facilitó créditos por 26 mil 297 millones de pesos, por encima de los 21 mil 856 otorgados en el mismo periodo en 2019, un incremento del 21%. La reciente desaparición del Fideicomiso de Fomento Minero viene a agregar otro elemento de incertidumbre para las micro, pequeñas y medianas empresas y su capacidad para mantener, aumentar o mejorar su capacidad de producción y aprovechamiento sostenible de los recursos minerales, que haya proyección de sus proyectos y la expansión de los servicios para las minas.
Finalmente, estará por verse si, en efecto, avanzan o se detienen, por múltiples razones, los proyectos en minas polimetálicas en Guerrero y en Zacatecas para extraer oro, habiéndose disparado el valor bursátil de los principales grupos industriales mineros mexicanos y habiendo mejorado, notablemente, la posición de las grandes empresas mineras extranjeras en el mundo, justo cuando los precios de los metales preciosos, en particular del oro, están alcanzando niveles nunca vistos, habiéndose convertido en el último refugio de los inversionistas.
@JAlvarezFuentes
