Hoy, 31 de diciembre, terminó su periodo de tres años la LXI Legislatura de Coahuila. Ayer, con abultado orden del día, celebró su última sesión. Desahogó, entre otros asuntos, la presentación y aprobación de los dictámenes del presupuesto estatal de egresos y de las 38 leyes de ingresos municipales para el ejercicio 2021.
Es una lástima que al Congreso del Estado no se le reconozca su señorío, dignidad y categoría de verdadero Poder Legislativo que debería tener. Y peor aún que el propio Congreso no haga -y ni siquiera intente hacer- lo necesario para que esos atributos se le reconozcan mediante el ejercicio eficaz y responsable de sus funciones constitucionales, pues lamentablemente continúa supeditado al ejecutivo. No puede por ello ejercer verdaderamente sus importantes funciones de vigilancia y control. Quien afirme lo contrario, miente.
Los pocos que se interesan por lo que sucede en los Congresos locales consideran, erróneamente, que su función más relevante es adicionar, reformar y en general expedir leyes. Ciertamente es una tarea muy importante, pero no la de mayor significación. Las tareas más relevantes corresponden, como ya dije, a las de vigilancia y control, así como la verificación de la correcta orientación de la administración pública -y aun del ejercicio jurisdiccional- por las vías de la asignación de los recursos públicos y la verdadera rendición y revisión de cuentas. Da pena confesar que en Coahuila estamos a años luz de que esto suceda.
Va un botón de muestra: Si en las últimas dos décadas Coahuila hubiera tenido un Congreso responsable y eficaz, el estado no tendría la estratosférica deuda pública que hoy lo agobia, cuyo monto nadie sabe a dónde fue a dar, aunque se adivina, y su servicio anual (pago de intereses más comisiones) y continúa sin disminuir un solo peso su saldo, representa más de dos tantos lo destinado a inversión pública. Se trata pues de un colosal saqueo, por el que nadie responde.
Otro sector de la opinión pública, en buena medida alentado por el priismo, cree que los diputados tienen como principal función ser gestores, labor ésta que con frecuencia es de franco coyotaje, cuando no de tráfico de influencias; y ni qué decir de los llamados "moches". Sorprende que en ocasiones personas y aun instituciones que se supone serias e informadas, reclaman a los legisladores "qué fue lo que consiguieron o qué hicieron" por determinado grupo o en favor de ciertos intereses, como si fueran parte de la administración pública. Lo más que en este sentido pueden lograr los legisladores es en el proceso relativo a la dictaminación, discusión y aprobación del presupuesto estatal, aunque siempre bajo la perspectiva del bien común.
La tarea legislativa enfrenta pues no sólo la incomprensión y aun al rechazo de amplios sectores ciudadanos sino también el generalizado desconocimiento de lo que dicha función legislativa es, en qué realmente consiste y cuál es su importancia. Mientras esta lamentable situación continúe no hay forma de que la vida pública mejore sustancialmente.
La numeralia (aún preliminar y de acuerdo a mis propios registros) indica que en los tres años de la LXI (61) Legislatura que hoy concluye se presentaron 1,224 iniciativas de ley, de las cuales 70 fueron del gobernador, 138 de particulares a través de la figura de iniciativa popular, y la diferencia, equivalente a 1,016 iniciativas, correspondió a los diputados que hoy dejamos el cargo.
En los mismos tres años se presentaron 1,408 puntos de acuerdo; 954 dictámenes que se llevaron al Pleno. Se emitieron 970 decretos y se hicieron 358 pronunciamientos políticos.
De todas las iniciativas que yo presenté, las tres que considero más importantes no prosperaron: Una porque fue desechada con argumentos falaces por los priistas y las otras dos por no haber sido dictaminadas. La primera, dictaminada en contra, fue para hacer efectiva la labor de la Auditoría Superior del Estado, acostumbrada a arrastrar los pies y a simular que cumple su función.
Las otras dos fueron: Una, con el objeto de establecer un procedimiento radicalmente distinto para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, procedimiento hoy bajo el total dominio del gobernador, que en general ha impedido la designación de magistrados independientes (que no deban su nombramiento al ejecutivo), peritos en derecho y con trayectoria profesional reconocida por su honorabilidad y experiencia.
La otra fue para empatar el calendario electoral a fin de que los comicios de diputados locales dejen de ser "huérfanos". De haberse aprobado esta propuesta, en el periodo que va de 2020 a 2030 se habrían ahorrado alrededor de 500 millones de pesos e impulsado la participación ciudadana en dichas elecciones locales del 39 al 60 por ciento, sólo con hacer que coincidieran dichas elecciones locales con los comicios federales.
Con este artículo, el número 157, concluye la serie de textos que me propuse escribir para dar a conocer al público lector, desde mi óptica, lo que consideré relevante en los trabajos de la LXI (61) Legislatura de Coahuila, que hoy termina su encargo. Muchas gracias.
