Otro tema que forma parte de la agenda ambiental en la región es la movilidad urbana, el cual está asociado a la expansión de la zona metropolitana de La Laguna. Es característico de esta metrópoli un crecimiento desordenado que ha dificultado la conectividad de sus habitantes y complicado a los Gobiernos municipales la prestación de servicios públicos básicos, aunado a los impactos ambientales que derivan de un diseño urbanístico que prioriza el uso del automóvil como medio de transporte.
Si observamos los datos que publica el Instituto de Planeación Municipal y Competitividad de Torreón, destaca la importancia de la movilidad laboral entre los municipios de la zona metropolitana: de la población ocupada de Torreón el 48% trabaja en Gómez Palacio, a la inversa ocurre el 45.3%; el 51% de la población ocupada de Lerdo trabaja en Gómez Palacio y el 28% en Torreón, mientras que el 95.5% de la población ocupada de Matamoros trabaja en Torreón, denotándose como Gómez Palacio y Torreón son polos de atracción laboral.
Tales datos evidencian que cualquier proyecto de transporte público que no contemple una conectividad con visión metropolitana poco aporta a resolver la movilidad laboral de los laguneros, de ahí que proyectos como el metrobús, primer intento de construir un sistema de movilidad metropolitana, debe ser una prioridad en el diseño de la política pública local. Esto sin considerar aquellas causas adicionales de movilidad urbana como la escolar, doméstica u otras.
Las ventajas de un transporte público de calidad, eficiente y accesible para esa población que se desplaza con fines laborales, no solo benefician a este segmento clave de la población lagunera al facilitarles el acceso a sus centros de trabajo reduciendo los tiempos y costos que invierten en el traslado, también benefician a las empresas donde se ocupan. Esos beneficios se extienden al resto de la población que se traslada por otros motivos no laborales a los diferentes destinos dentro de la metrópoli.
Aspirar a una movilidad urbana sostenible en cualquier ciudad o zona metropolitana debe priorizar el transporte público, particularmente cuando los ciudadanos requieren realizar traslados en distancias largas, complementado con vialidades que posibiliten el uso de transporte no motorizado cuando las distancias sean cortas, tales como ciclovías o corredores peatonales que permitan al ciudadano desplazarse en las áreas urbanas prescindiendo del automóvil.
La ausencia de un sistema de transporte público metropolitano y de las formas de movilidad no motorizada, además de tener impactos económicos y sociales, también los tiene ambientales. El uso del automóvil como principal forma de transporte para el traslado de los ciudadanos en las urbes incrementa las emisiones de dióxido de carbono que contamina el aire atmosférico, principal gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, de ahí que crear esta nueva arquitectura urbana constituye un tema que se agrega a la agenda ambiental pendiente. Y no solo es el uso del automóvil, también es su circulación sin regulaciones para controlar esas emisiones.
De lo anterior surge la pregunta: si los datos ilustran la necesidad de crear un sistema de transporte público metropolitano, ¿por qué este no es una prioridad en la política pública de los Gobiernos locales? Ciertamente, la primera observación que surge es que el transporte público es prestado por particulares, y es entendible, pero no justificable que estos lo ven como un negocio y no como un servicio a la colectividad, en torno a él se han creado intereses que limitan avanzar hacia una movilidad urbana sostenible.
A ellos hay que agregarle los intereses creados en torno a los bienes y el mercado inmobiliario que acceden a la renta urbana, también como un negocio particular, promoviendo desarrollos habitacionales y comerciales que dificultan e incrementan los costos en la prestación de servicios públicos básicos. Esta ha sido una constante en la expansión urbana en México, sobre todo en las emergentes metrópolis que van integrando sus economías locales o por la articulación de estas con otros centros económicos.
En los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo se ha avanzado en la aplicación de instrumentos de planeación que pretenden ordenar su caótico proceso de expansión urbana, tales como los Programas de Ordenamiento Territorial y los propios Planes Directores de Desarrollo Urbano, los cuales, sin embargo, siguen siendo insuficientes. De ahí surge la necesidad de no solo redefinir la arquitectura urbanística de las ciudades, también es necesario hacerlo con la política y social, hay que revisar los modelos o formas de gobernanza en que se basa la toma de decisiones no solo sobre la movilidad, sino sobre el propio desarrollo urbano.
Si bien existen esfuerzos de coordinación política entre los municipios y los propios estados, ya que la zona metropolitana tiene límites geopolíticos en ambos niveles, también existen estructuras institucionales como los consejos ciudadanos donde actores no gubernamentales se agregan en los procesos de toma de decisiones, estos son insuficientes para transitar hacia un desarrollo urbano sostenible. Es necesario crear nuevos instrumentos que contribuyan a una planeación metropolitana y redefinir esas estructuras institucionales donde sea posible una más representativa participación ciudadana.
Sería acertado que los Gobiernos municipales y estatales emprendan políticas más audaces que se traduzcan en acciones que permitan avanzar en esa coordinación y articulación metropolitana. El área de movilidad urbana es una oportunidad para hacerlo con los consecuentes beneficios económicos, sociales y ambientales que derivarían si diseñaran e implementaran proyectos de movilidad urbana con visión metropolitana y ciudadana. Esperemos que en los siguientes años esto sea posible.
