Jugamos con las palabras, pero no alteramos los hechos. No queríamos hablar de los "colores" de un semáforo para advertir sobre la gravedad de la pandemia. Elusivos, nos referimos a emergencia o alarma. Finalmente, la realidad se impuso: millones de compatriotas estamos al rojo vivo. En todo navegamos entre olas altas y enfrentamos problemas de severidad extrema. Lo hacemos envueltos por la incertidumbre que ha oscurecido nuestro camino desde que se advirtió -entre reticencias y eufemismos- que se avecinaba una epidemia devastadora. En este tema, como en otros, vamos a tumbos.
Angustiados por el COVID-19, nos desentendemos de otros males que nos asedian. Aquél y éstos se hallan en nuestra agenda, colmada de preocupaciones que reclaman decisiones lúcidas y eficaces. Si la salud de los mexicanos se encuentra comprometida, también lo está la salud de la República. Un caudillo obsesionado por concentrar en sus manos un poder omnímodo, parece resuelto a instalar un imperio que "durará mil años", para decirlo con la expresión que alguien utilizó en el primer tercio del siglo pasado. Ante esta tentación, varias fuerzas políticas han decidido asociarse para contener la avalancha e instalar los contrapesos propios de una sociedad democrática.
Ese proyecto de contención ha provocado suspicacias. Las comprendo y las compartiría en otras circunstancias. Es difícil conciliar ideologías contrapuestas y solicitar el aval de ciudadanos que han militado en diversos frentes. Sin embargo, debemos entender el sentido de este esfuerzo dentro de las condiciones que padece México. No se trata de conciliar ideologías ni de formar un gobierno ahora mismo. Sólo se trata -que no es cosa menor- de contener la concentración de poder, semilla de dictadura, que avanza con fuerza. Si no lo conseguimos, padecerá la democracia. El precio será muy elevado. Actuemos -mutatis mutandis- como lo propuso Carranza cuando planteó el Plan de Guadalupe: primero recuperar el imperio de la Constitución; luego, impulsar la renovación.
En este propósito, esencialmente pragmático, se comprometen varios partidos y a él convocan sectores sociales que difícilmente se asociarían en circunstancias diferentes de las que ahora prevalecen. Conviene denunciar en voz muy alta la emergencia que existe: no sólo para la salud individual y colectiva, sino para la salud de la nación y la viabilidad de la democracia. La asociación pragmática de partidos, grupos sociales y electores independientes puede evitar la posibilidad -o al menos moderarla- de que las ocurrencias y los despropósitos nos lleven al naufragio. Por ahora, el medio del que disponemos para alcanzar este objetivo -que permitirá plantear, en el futuro, otros fines de mayor alcance- es atraer el sufragio de los millones de mexicanos que pueden frenar el ímpetu tiránico.
Entendamos así la convocatoria. Advirtamos que esa concertación de fuerzas atiende al propósito de contener el sofocante proyecto autoritario. Es notorio que el autoritarismo ha tomado por asalto -el asalto del poder desenfrenado- muchos espacios de la vida social, económica y política. Y son igualmente notorias las consecuencias deplorables de ese asalto, disfrazado como causa popular. Por eso es necesario considerar el proceso electoral en marcha como lo que es verdaderamente: un medio para rescatar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y varias instancias locales y ponerlas al servicio de los mejores intereses de México, no de un proyecto personal o de facción. De eso hablamos, además de hacerlo del COVID-19, cuando aludimos a un estado de emergencia.
