El filósofo francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, señalaba que "Dios nos ha dado el vivir, nosotros hemos de darnos el bien vivir". La reflexión se inserta hoy en un contexto mundial marcado por una catástrofe sanitaria, con millones de decesos a causa de un virus de fácil transmisión y que, de forma aleatoria, afecta severamente a algunas personas. Para muchos las preguntas siguen en el aire: ¿La pandemia es un fenómeno natural o fue provocado por el ser humano? ¿Cuál es el gobierno que mejor ha enfrentado la situación? ¿Es más importante evitar las cadenas de contagios con medidas administrativas y policiacas que restringen las libertades?
Cada país ha tomado diferentes medidas para tratar de frenar la dispersión del Covid-19. En República Checa, los restaurantes están cerrados desde el 14 de octubre y solo pueden vender comida para llevar. En Francia, hay toque de queda nocturno en París y otras ocho ciudades, y desde el 17 de octubre nadie puede salir de sus casas entre las 21 horas y las 6 de la mañana, además de que las reuniones están limitadas a diez personas y cualquier tipo de fiesta está prohibida. En Alemania, las pruebas en aeropuertos son obligatorias para quienes llegan de países de alto riesgo y las personas que no usan cubrebocas en tiendas o trasporte público se les aplica una multa de 50 euros. Además, la canciller Angela Merkel y los gobernadores de su país establecieron un cierre total de comercios desde esta semana hasta el 10 de enero del próximo año.
En México se estableció un semáforo epidemiológico que, mediante colores, señala el nivel de riesgo, así como las medidas de seguridad sanitaria apropiadas. Aunque el color rojo señala el nivel de riesgo máximo e implica el cierre de centros comerciales, cines, gimnasios, iglesias, restaurantes, entre otros, la estrategia federal difiere de las medidas administrativas coercitivas que se han tomado en otros órdenes de gobierno. Por ejemplo, recientemente, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó nuevas medidas que controlan los aforos y horarios de establecimientos y que, además, incluyen multas y sanciones que serán aplicadas por los Juzgados Cívicos, las cuales van desde mil 300 hasta 26 mil pesos y 36 horas de arresto. Igualmente, en el municipio de Ecatepec se aplicarán sanciones económicas, arrestos inconmutables y cierre de negocios a quien no respete las medidas sanitarias, luego de que se declarara que el municipio regresa a semáforo rojo.
El asunto de fondo es que el Sistema Nacional de Salud está constituido por aquellas dependencias y entidades de la administración pública tanto federal como estatal que presten servicios de salud, pero los municipios no tienen ninguna facultad originaria en materia de salubridad. Por ello, resulta procedente preguntarnos si las sanciones que están implementando son constitucionales o no. Existe un precedente en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde al resolver la controversia constitucional 38/2013, se concluyó que los municipios del estado de Oaxaca tienen a su cargo una competencia operativa consistente en vigilar el cumplimiento del derecho a la salud de sus habitantes y, en ese sentido, coordinar sus acciones con las autoridades estatales para la satisfacción de ese derecho.
Es un hecho que está a prueba nuestra forma de gobierno como República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos unidos en una Federación. La distribución de facultades dentro de los distintos órdenes de competencia que integran al Estado federal no debería servir para repartir culpas cuando termine la pandemia. La coordinación es la clave en estos momentos de crisis sanitaria en México. Recordemos las palabras de Bertrand Russell quien, después de presenciar y analizar todos los regímenes políticos del siglo XX, concluyó: "sospecho del gobierno y desconfío de los políticos, pero en la media que tiene que haber un gobierno, prefiero que sea democrático".
