En la columna anterior comentábamos algunos temas que forman parte de la agenda ambiental regional, indicando que en esta ocasión solo abordaríamos tres de ellos, el agua, el aire atmosférico y la movilidad urbana, dejando pendientes otros dos bloques que procuraremos tratar el próximo año.
El tema de los recursos hídricos lo hemos abordado en un sinnúmero de veces en esta columna a lo largo del tiempo, por lo que hoy solo intentaremos sintetizar los temas de las aguas subterráneas y superficiales, reconociendo que el tema del agua urbana está asociado a los anteriores pero que requiere ser tratado con un enfoque que integre el manejo y uso de las aguas residuales servidas y pluviales a la gestión del agua urbana, particularmente en la zona metropolitana.
Tal parece que a nivel gubernamental ya se tomó la decisión de construir la planta potabilizadora que trate agua extraída al cauce del río Nazas para abastecer a la población lagunera en las próximas dos décadas. Sin embargo, no podemos asumir que el principal problema hídrico de la región haya sido resuelto, puesto que no se ve que este proyecto vaya acompañado de otro que posibilite recuperar nuestro sobreexplotado y contaminado acuífero principal.
Con dicho proyecto se atienden los efectos provocados por una extracción de agua del subsuelo sin regulación, pero no las causas. Suponer que el volumen que se dejará de bombear del acuífero contribuirá a su recarga no es una afirmación celebrable, ya que en tanto no se mida y controle el bombeo ilícito sólo se transferirán los volúmenes ahorrados a los usuarios que están sobreexplotando el acuífero, continuarán los abatimientos y con ello pondremos en riesgo nuestras reservas de agua futura que se encuentran en el subsuelo y no en las presas.
Dicho proyecto se mantiene en la continuidad de medidas aplicadas en las dos anteriores intervenciones gubernamentales de hace tres y una década, no enfrenta el problema central al aplicar medidas parciales y temporales como sucedió con los proyectos de Caballo Blanco y los filtros en pozos de bombeo y llaves de viviendas. Por tanto, al no resolverse se mantendrá la vulnerabilidad social que ya tenemos y que se pronostica aumente con los impactos del cambio climático.
Aún si se cubren temporalmente los volúmenes de agua que demanda la población extrayendo y tratando agua del río, en el inter los abatimientos continuarán hasta un punto sin retorno cuando los depósitos subterráneos lleguen al límite. Tal parece que la lógica de esta opción es tapar un pozo abriendo otro, puesto que dentro de dos o tres décadas se tendrá que extraer y tratar volúmenes adicionales al río Nazas para cubrir la también adicional demanda que requerirán el crecimiento económico y demográfico regional, y para entonces ya no tendremos otra fuente alterna de agua en el acuífero, o esta será muy limitada.
Por lo anterior creemos que, al margen de si se construye y opera la potabilizadora, con el tiempo será cada vez más inevitable medir los volúmenes extraídos del subsuelo y regularlos a los niveles concesionados, regulación que se fortalecerá si va acompañada de la observación ciudadana. De otra manera, los mayores costos económicos que derivarán del déficit e inseguridad hídrica los pagaran las actividades agrícolas, industriales y demás que dependan del subsuelo para cubrir su demanda, y los costos sociales y ambientales los pagaremos los ciudadanos que habitamos esta región, quizás amortiguados temporalmente con la potabilizadora.
En tanto continúe la sobreexplotación del acuífero principal, este tema se mantendrá en la agenda ambiental regional no solo el próximo año, sino en los sucesivos hasta agudizarse si no se interviene regulando las extracciones del subsuelo. Los ciudadanos que hemos expresado públicamente esta preocupación, creemos que sería más inteligente destinar volúmenes de agua superficial a recargar el acuífero con una propuesta complementaria y más bondadosa como la de Río Urbano.
Creemos que vale la pena invertir en aumentar la eficiencia en el manejo del agua superficial reduciendo las pérdidas técnico-naturales y sociales en la red hidráulica del distrito de riego y en las áreas de cultivo que lo requieran, rehabilitando la infraestructura hidroagrícola y regulando el tráfico ilegal de agua en el seno de las asociaciones de usuarios. Los volúmenes actualmente disponibles, los aplicados conforme a la programación de los ciclos de riego y los rescatados al reducir las pérdidas, podrían ser manejados con mayor eficiencia técnica y control oficial con observancia ciudadana al aplicarse mejor en los cultivos para mantener un patrón productivo agrícola y recargar el acuífero, al menos inicialmente en el tramo del cauce del río que atraviesa la zona metropolitana, de donde será posible tratar volúmenes menores para suministrarlos a las áreas urbanas críticas que sufren de abasto y con la posibilidad de mejorar la calidad del agua.
Ambas propuestas, la regulación de las extracciones con observancia ciudadana para acotar la extracción y el tráfico de aguas subterráneas y superficiales, así como la recarga del acuífero con un proyecto bondadoso como el de Río Urbano, continúan siendo temas de la agenda ambiental pendiente para mejorar la gestión de los recursos hídricos y la vialidad del desarrollo de la Comarca Lagunera. Por ello vale la pena seguir insistiendo.
