En el mundo están llegando las vacunas para combatir al COVID-19; Inglaterra ya ha comenzado, México no está exento de la llegada de las vacunas y por ello, ya se instaló el Plan I de vacunación. Pero no solo necesitamos la del COVID-19, hace falta otra vacuna contra el virus de la corrupción que se convierte en un virus transexenal.
Para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller recordó que uno de los ejes del actual Gobierno es el combate a la corrupción y llamó a denunciar actos indebidos. En el laboratorio de Palacio Nacional elaboraron un antídoto para inhibir o en su caso contrarrestar este virus, pero como en todo, existen algunos personajes que quieren seguir viviendo de este virus, pero no se han dado cuenta que las dosis de esta vacuna han llegado a nivel Constitucional. En efecto, el Ejecutivo Federal impulsó la iniciativa de Reforma al Artículo 19, en el que promovió que los ilícitos relacionados con la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, fueran de prisión oficiosa, esto es que cualquier servidor público que otorgue hoy una licitación o adjudicación indebida, ilegal o tenga un enriquecimiento inexplicable, tendrá que llevar su procedimiento en prisión.
Pero no obstante de ello, algunos funcionarios siguen haciendo de las suyas, posiblemente porque desconocen que pueden ir a la cárcel o están confiados que eso nunca les tocará. De igual forma como con la vacuna del COVID-19, en esta también se debe dotar a los Órganos de Investigación de la infraestructura necesaria para atender este virus pandémico, asimismo el Poder Judicial de la Federación tendrá que hacer lo propio en atender estos asuntos como cualquiera, de manera pronta y expedita. Es cierto que el COVID-19 ha afectado el curso de estos expedientes o acusaciones.
Tal vez lo que haga falta es aplicar la vacuna a los primeros casos que se estén suscitando para que la ciudadanía tenga pruebas de que la misma funciona, para inhibir o frenar esta pandemia. Una propuesta que se plantea a través de esta colaboración consiste en establecer un semáforo para evaluar esta pandemia, que lleve a cabo el número de adjudicaciones que se han otorgado tanto a nivel local como federal, así como por ejemplo Veracruz, ya se encontraría en semáforo rojo toda vez que se han otorgado 19 mil 400 operaciones directas, de un total de 19 mil 591, que sumaron un total de 18 millones de pesos, que reconoció el propio gobernador Cuitláhuac García ante el Congreso Local.
Hay que precisar que no toda adjudicación directa es ilegal, pero se ha abusado de esta figura en perjuicio del patrimonio de los mexicanos. Para terminar, al ciudadano no le interesan los lineamientos de la política criminal y la irretroactividad o no de la ley, lo que le importa es que no queden impunes los ilícitos del pasado y del presente. #Nomásimpunidad.
@UlrichRichterM
