Ojalá y todo sea un mal cálculo legislativo del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y este se corrija. De no ser así, más allá de las buenas intenciones, la reforma a la Ley del Banco de México podría entenderse como una enmienda con dedicatoria que le podría costar carísima al país.
Jugar con la autonomía y las operaciones del banco central, exponiendo incluso las reservas, podría asestar un golpe a las maltrechas finanzas públicas, o bien, lastimar el tendón que las sostiene.
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Tener la mayoría parlamentaria no supone tener la razón legislativa.
Ante las voces advirtiendo el peligro implícito en la reforma a la Ley del Banco de México al obligarlo a comprar billetes y monedas extranjeras que no pueden exportarse o repatriarse a su país de origen y, así, a asumir el riesgo de terminar lavando dinero e incorporarlo a las reservas, más vale revisar con cuidado el asunto. Determinar si tiene sentido concluir -con la eventual aprobación de la Cámara revisora- el trámite legislativo promovido por el senador Ricardo Monreal, llevando por escudero al presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda y Crédito Público, el senador Alejandro Armenta, y por infantería imbatible el voto mayoritario de los morenistas en ese órgano parlamentario.
Por la hora de entrega de esta columna, es imposible abordar la conclusión de la reunión extraordinaria vespertina, realizada ayer por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que encabeza la panista Patricia Terrazas, y en la cual participó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. En todo caso, es deseable que ahí haya prevalecido la sensatez y la cordura, resolviendo frenar la reforma, cuya discusión en el pleno cameral está prevista el próximo lunes.
Asimismo, y sabido que su pecho no es bodega y que, cuando quiere, opina sobre el quehacer del Legislativo, convendría conocer la postura del Ejecutivo ante esa reforma, sobre todo, si ésta no lleva dedicatoria. No basta decir que, de aprobarse, deberá acatarse. Conviene saber qué piensa el presidente López Obrador porque si bien el primer afectado sería el Banco de México, luego lo sería la administración y más tarde el país. Y si, como suele decirse ahora, el gobierno ya no es tapadera de errores, transas o negocios a costa del Estado, no sobra conocer el parecer presidencial.
Frenar la reforma, por lo pronto, es lo más indicado.
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Desde luego, suena a música para los oídos la intención del senador Monreal de "eliminar elementos que limitan el sano flujo de divisas en las remesas, el comercio en zonas turísticas y fronterizas", poniendo el acento en el fortalecimiento de la economía de las familias que reciben remesas en efectivo.
Suena bien la idea, pero se desploma al cobrar conciencia de dos datos. Uno, aun cuando el senador señala que el año pasado se recibieron 93 mil 932 millones de dólares por concepto de remesas, de ese monto sólo el uno por ciento llegó en efectivo y, por ese porcentaje, es una desmesura exponer la institucionalidad del Banco de México dentro y fuera del país. Dos, de acuerdo justamente con el banco central, los excedentes de moneda extranjera en efectivo se han reducido en los últimos años (en rigor, del total, sólo el dos por ciento se queda en la bóveda de los bancos) y, por lo demás, el grueso de ellos, las instituciones bancarias los recolocan entre sus usuarios y clientes o los exportan al país de origen a través de sus corresponsalías. O sea, sólo aquellos bancos que no cuentan con corresponsalías o no pueden acreditar la procedencia de esas divisas tienen problema para salir de ellos.
Esos datos obligan a formular tres preguntas. Si el calado de la reforma no tiene la hondura social presumida y el problema de la acumulación de moneda extranjera aquí no es de la dimensión supuesta, ¿Cuál es el cálculo legislativo para emprenderla? O, peor aún, si los justificantes argüidos no amparan la enmienda, ¿Qué poderoso interés particular la impulsa? Y si la reforma no reviste el peligro que más de un especialista advierte, ¿Por qué repiquetea el teléfono con llamadas oficiales de Estados Unidos, preguntando qué se pretende con esa reforma?
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Ante el importante cúmulo de voces no sólo opositoras, sino también de órganos, instancias y personalidades especializadas -incluido en primer lugar el banco central- que advierten el tamaño del dislate que se podría cometer con la reforma, sólo contrasta la del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.
El presidente del corporativo que congrega a Banco Azteca, Afore Azteca, Seguros Azteca y otras conocidas empresas considera que "lejos de vulnerar el mandato de Banco de México, esta reforma lo hace más robusto mientras apoya el poder adquisitivo de la población más vulnerable". En el artículo publicado en su blog, Salinas Pliego también asienta: "La reforma aprobada por el Senado de la República busca lo justo y lo correcto que es precisamente que Banco de México acumule los dólares en efectivo como parte de sus reservas internacionales, lo que respalda el valor de la moneda, que es exactamente lo contrario a 'vulnerar la autonomía del Banco Central'".
Curiosa esa voz disonante ante el coro de quienes temen la vulneración del banco central con la reforma.
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Ojalá y todo sea un mal cálculo legislativo, no una reforma con dedicatoria, y éste se corrija o se frene.
De no hacerlo, el lopezobradorismo estaría generando un problema de una dimensión muy superior al que pretende resolver. Un problema que podría lastimar fibras muy sensibles. En rigor, esta semana se han impulsado reformas sin calibrar el nocivo efecto secundario que podrían acarrear con el socio del norte.
Más vale jugar con reserva, no con las reservas.
