El texto original del artículo 194 de la Constitución Política de Coahuila, promulgada el 19 de febrero de 1918, decía así: "Artículo 194. El Estado no reconoce más ley fundamental para su Gobierno interior, que la presente Constitución y ningún Poder ni Autoridad, puede dispensar su observancia".
En junio de 2005, es decir, 87 años después de haber entrado en vigor la Constitución, el Congreso recibió una iniciativa de reformas a diversos preceptos de la misma, en materia de acceso a la justicia. La iniciativa propuso la modificación de quince artículos y adiciones a otros cinco. Por cierto, tal iniciativa se presentó al Congreso suscrita por los tres Poderes del estado. Tenga por favor presente lector este dato, por lo que comentaré al final.
Agotado el proceso previsto por la propia Constitución para su reforma, las enmiendas quedaron incorporadas a su texto. Entre éstas la adición de tres párrafos a su artículo 194, que ya me permití citar arriba. El primero de esos tres párrafos añadidos está redactado así:
"Esta Constitución, las Cartas de los Derechos Fundamentales Locales y demás leyes fundamentales locales, serán parte de la Ley Suprema Coahuilense. Este bloque de la constitucionalidad local se conformará y modificará bajo el mismo procedimiento, previsto en el artículo 196 de esta Constitución".
Una auténtica locura, en la que de momento nadie reparó y si alguien cayó en la cuenta de ese agregado sin pies ni cabeza, prefirió guardar silencio. De entrada, cabe señalar que el párrafo adicionado ninguna relación guarda con el objeto de la reforma hecha a la Constitución, que como se dijo fue en materia de acceso a la justicia.
Pasó el tiempo y dos años después, en 2007, el entonces diputado de Acción Nacional José Máynez Varela, con fundamento en el párrafo agregado al artículo 194 constitucional, presentó una iniciativa para crear la "Carta de los Derechos Fundamentales de la Niñez". El correspondiente dictamen determinó que la iniciativa era inviable. Al discutirse en el Pleno, el 6 de marzo de 2007, se suscitó un interesante debate al que vale la pena hacer referencia, así sea brevemente.
Intervinieron, desde mi punto de vista muy bien, dos legisladores priistas para apoyar con buena argumentación -creo-- el desechamiento de la iniciativa que proponía expedir la "Carta de los Derechos Fundamentales de la Niñez". Ellos fueron los diputados Horacio del Bosque Dávila y Sergio Reséndiz Boone.
El primero de los mencionados, ya fallecido, según consta en el Diario de los Debates dijo: "…Nunca podremos conocer en esta tribuna y en ningún lado, cuál fue el espíritu del legislador que motivó a modificar el artículo 194 de la Constitución local, para darle cabida a esta expresión de los derechos fundamentales".
Agregó a continuación Del Bosque: "Miren ustedes, si nos damos a la tarea de revisar, de analizar, de estudiar con seriedad la iniciativa de reforma que presentaron los tres poderes, hace aproximadamente dos años, a mediados de 2005, en materia jurídica…podemos darnos cuenta que en la exposición de motivos jamás se hace referencia, jamás se hace un análisis, por mínimo que sea, a la figura de las cartas de los derechos… a esa especie de chipote…" incorporado a la Constitución del estado.
El discurso de Del Bosque no tiene desperdicio. Siguió diciendo así: "yo tengo la sospecha, personalísima…que más bien en forma subrepticia se quiso tener esta pincelada, en un tema totalmente opuesto o diferente o que nada tenía que ver con el tema de la justicia".
El orador remató su intervención diciendo: "…tenemos que reconocer que [la de las Cartas Fundamentales] es una figura que no está sustentada, que no está razonada… (lo cual) es un asunto muy serio y muy grave, porque un cambio tan radical a la Constitución, no motivarlo, no fundamentarlo, no sustentarlo pues queda simple y sencillamente al garete…".
Vale la pena señalar que Del Bosque encabezaba al grupo de diputados priistas de esa legislatura, la 57, de la que formaba parte el actual gobernador Miguel Riquelme.
¿A qué viene lo anterior? A que precisamente Riquelme, el pasado 18 de noviembre, presentó al Congreso una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución local, curiosamente como hace quince años también suscrita por representantes de los otros dos Poderes y ahora hasta por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Dicha iniciativa, en realidad un larguísimo e infumable mamotreto, propone la adición de 28 nuevos artículos a la Constitución del estado y la reforma de otro.
Propone además la expedición de tres Cartas Fundamentales de Derechos (1. Civiles, 2. Políticos y 3. Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), que integrarían el llamado "bloque de la constitucionalidad local". Las tres Cartas suman nada menos que 446 artículos, todos con el carácter de constitucionales. Aunque parezca increíble, eso se está proponiendo.
El tema da para más, mucho más.
