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Agua para todos, no para unos cuantos

JULIO CÉSAR RAMÍREZ

El miércoles 2 de diciembre la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados podría aprobar un dictamen de norma reglamentaria que contraviene el espíritu del artículo cuarto de la Constitución en materia de derecho humano al agua y al saneamiento, descarta una nueva Ley General de Aguas y mantiene en vigencia la Ley de Aguas Nacionales, neoliberal. En contraparte, colectivos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de comunidades y pueblos indígenas, hacen un llamado urgente a la comisión para que rechace ésta iniciativa, conocida como Ley Mata-Flores sobre el agua, dado que no cumple con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua y violenta los derechos humanos relacionados con el manejo sustentable de dicho recurso.

En ese sentido, los colectivos civiles demandan a los legisladores cumplir con los acuerdos adoptados por dicha comisión en agosto pasado y honrar lo suscrito en los 35 foros realizados con la ciudadanía desde 2019.

Lo anterior toma más relevancia bajo el contexto de que recién el Senado de la República ratificó el Acuerdo de Escazú, dentro del cual se reconoce a la participación ciudadana en asuntos ambientales como un pilar fundamental del cumplimiento de los derechos humanos y la justicia ambiental.

Para poder cumplir el mandato constitucional del artículo 4° de garantizar el derecho humano al agua, se requiere contar con una Ley General de Aguas cuyo contenido, además de aterrizar el sistema de competencias para hacer realidad este derecho más los estándares a los que ha de sujetarse su cumplimiento, incluya la regulación que aborde la gestión, administración, mecanismos de protección, inspección y vigilancia del recurso hídrico.

En un contexto de crisis climática, que en la actualidad impacta a las poblaciones más vulnerables, resulta urgente contar con un régimen jurídico que vele por las personas, pueblos y ecosistemas, garantizando un uso sustentable de este recurso.

Constreñir la legislación a solo la regulación de servicios de agua potable y saneamiento como pretende la Ley Mata-Flores, únicamente incrementará los problemas actuales generados por un modelo de gestión que ha demostrado ser insostenible, que violenta los derechos humanos al propiciar conflictos socioambientales y agresiones contra personas defensoras del medio ambiente y que ha dado lugar a la sobreexplotación, contaminación y acaparamiento del agua. Esto, toda vez que en la Ley de Aguas Nacionales vigente no existe una visión de derechos humanos y su estructura obedece a un modelo de gestión meramente administrativo.

La iniciativa de ley sobre el agua, conocida como Ley Mata-Flores, que pretende aprobarse el 2 de diciembre, busca limitar el contenido de la Ley General de Aguas y dejar vigente la Ley de Aguas Nacionales, lo cual no cumple con el mandato constitucional ni convencional pues ello no supone adoptar de manera progresiva las adecuadas y mejores medidas para tutelar el derecho humano al agua.

El cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento requiere de una visión integral del agua y en interdependencia con otros derechos humanos, como el ambiente sano, tal como se ha planteado en la Observación General No. 15 y en los sucesivos informes de los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en materia de agua y saneamiento.

La implementación del derecho humano al agua y al saneamiento requiere, además, de la aplicación de los principios pro persona, de pluriculturalidad, de prevención, de sustentabilidad y de unidad de la Constitución.

Cabe recordar que, en la reforma del 8 de febrero de 2012, el constituyente señaló que la satisfacción del derecho al agua implicaba el deber de definir "las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía".

Además de regular la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, la legislación debe reconocer al agua como un elemento que obedece a un ciclo natural, así como un bien de las personas y pueblos, cuya disponibilidad y calidad -dos de los elementos de este derecho-, deben ser protegidos.

Esto implica respetar el ciclo del agua y promover esquemas de gobernanza basados en el manejo integral de la cuenca.

@kardenche

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