Hablar de una situación de crisis implica la existencia de evidencias que la denotan. En el caso del agua en México es inevitable reconocer que estamos ante una situación grave a la que podemos calificar como crisis, solo basta con hacer un recuento de esas evidencias para que lo confirmemos.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2019) el agua que los mexicanos utilizamos proviene, además de aquella que se aprovecha con la lluvia in situ, de 757 cuencas de aguas superficiales y 653 acuíferos subterráneos; en el primer caso 108 de ellas se encuentran sobreexplotadas sobre los cuales se han emitido 272 decretos de veda, mientras que en el segundo son 105 los sobreexplotados con 147 vedas.
Inegi (2015) señala que en México se tiene una cobertura de agua potable con disponibilidad en las viviendas de 94.5%, sin embargo, existen cerca de 12 millones de personas sin acceso a agua potable (Domínguez y López, 2016); en las iniciativas para reformar la Ley de Aguas Nacionales vigente, se indica que son 30 millones las personas sin acceso a agua segura, ya que no es lo mismo que las viviendas cuenten con tuberías de agua a que esta se les suministre en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las familias.
El Instituto Nacional de Ecología (INECC, 2003) durante el período de 1990-2002 identificó 131 conflictos por agua, de los cuales 79 equivalentes al 60% se presentan en zonas con acuíferos sobreexplotados y el 56% tienen que ver con demanda de agua; de ellos, el 49% ocurrieron en la zona de la CDMX y el Estado de México, el 27% en el norte y sur. En la actualidad aún existen casi un centenar de conflictos de este tipo.
Algunos dicen que en México el origen de los conflictos se encuentra en la forma en que se distribuye socialmente el agua, ya que el 76% está destinada a uso agrícola, 14% para uso doméstico, 4% para uso industrial y 4.7% para generación de energía termoeléctrica. Sin embargo, tras estos datos se encuentra otra realidad, ya que no es malo que la agricultura sea el principal usuario, sino que el problema radica en la forma en que se gestiona este recurso.
A partir de 1992 en que se promulgó la actual Ley de Aguas Nacionales se establecieron las bases para que el agua se manejara prioritariamente como una mercancía y que por tanto esta se podría mercantilizar como cualquier bien económico. Bajo esta concepción se extendieron sin control concesiones para extraer aguas superficiales y subterráneas, permitiendo que los volúmenes concesionados se acapararan entre quienes tenían mayor capacidad económica, siendo esto la parte medular de la política pública hídrica neoliberal.
La problemática derivada de esta concepción se expresó no solo en el desplazamiento que sucede de los pequeños productores campesinos en las zonas de irrigación agrícola, principalmente en los 82 distritos de riego que concentran el 54 % de la superficie agrícola irrigada y el 70 % de los cultivos de exportación, sino que también ese monopolio que se concentra en pequeñas élites empresariales deja a la población sin agua para uso doméstico, sea por el propio acaparamiento de los volúmenes o por las consecuencias de la sobreexplotación de los acuíferos que se expresan en el desabasto y contaminación de agua del subsuelo, como sucede en la Comarca Lagunera.
La crisis hídrica también evidenció los límites del marco normativo que rige la gestión de los recursos hídricos en México, denota el carácter obsoleto de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, situación que no es nueva porque al reformarse el artículo cuarto constitucional en 2012 se establece que se debe cumplir el principio de Derecho Humano al Agua, que todas las personas deben acceder a agua potable en cantidad y calidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y no en el uso del agua como mercancía, obligando a que en un año se reformara la ley vigente.
En el gobierno federal anterior se intentó reformar la ley (Ley Korenfeld), provocando una fuerte y amplia reacción ciudadana que se opuso a este proyecto que pretendía formalizar la privatización ya existente en los hechos, respuesta que se articula a nivel nacional en torno a la Red Agua para Todos con una Iniciativa Ciudadana de una Nueva Ley de Aguas.
En la presente legislatura y después de un amplio consenso derivado de una discusión nacional y el aval de casi 200 mil firmas, esta iniciativa es la que tiene mayor aceptación por constituir una propuesta avanzada y congruente con el desarrollo sostenible, por ello sorprende el albazo que pretenden dar los diputados Mario Mata (PAN) y Feliciano Flores (Morena) de aprobar, sin cambios sustanciales a la ley vigente, en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, una iniciativa a la que se ha denominado Ley Mata-Flores.
Es evidente que este par de diputados responden a los intereses de los grandes usuarios que mantienen el monopolio sobre los volúmenes de agua, quienes se oponen a que se les regule el uso que dan a este recurso y que en muchos de los casos no respetan los términos en que les han sido otorgadas las concesiones, extrayendo volúmenes mayores a los concesionados o incumpliendo las normas sobre contaminación de los cuerpos de agua. Por ello es fundamental denunciarlos y como ciudadanos oponernos a que ese dictamen se apruebe en el pleno de la Cámara de Diputados.
