En las elecciones, se apostó por la abstención, El Siglo de Torreón
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EDITORIAL

En las elecciones, se apostó por la abstención

JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
jueves 29 de octubre 2020, actualizada 7:29 am


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Desde el punto de vista cívico (entendiendo aquí lo cívico como participación ciudadana), las elecciones de Coahuila para renovar el Congreso local efectuadas el pasado 18 de octubre, fueron un gran fracaso. Un fracaso claramente previsto y de hecho hasta anunciado. Porque así lo quiso a sabiendas el oficialismo estatal y lo toleramos la inmensa mayoría de los coahuilenses.

¿En qué consistió tal fracaso? En que sólo acudió a votar, según cifras oficiales, el 39.4 por ciento de los ciudadanos empadronados. Es decir, ni siquiera cuatro de cada diez electores fueron a las casillas. Igual que ocurrió seis años antes, en 2014, en que únicamente se presentó el 39.6 por ciento, y doce años atrás -en 2008-- cuando sólo fueron a las urnas el 39.9 por ciento de los potenciales votantes. Si el lector se fija, como que parece imposible superar el umbral del 39 por ciento. Y en esta ocasión con mayor razón por la pandemia de COVID-19.

¿Siempre es así en Coahuila cuando se eligen diputados locales? Categóricamente no, siempre que en la misma jornada se vote también al gobernador del estado. O sea, cuando las elecciones para legisladores y ejecutivo local son simultáneas, el índice de participación se eleva notoriamente. Así lo confirman los resultados de las elecciones de 2005 (52.7 por ciento de participación), de 2011 (61.4) y de 2017 (60.9 por ciento).

Lo anterior significa que en esta ocasión sólo por haber sido únicamente comicios para diputados, el índice de participación disminuyó en poco más de 20 puntos porcentuales. Es decir, se abstuvo de acudir a las urnas por ese simple hecho, plenamente enmendable, uno de cada cinco electores, que en números suma medio millón de ciudadanos. De ese tamaño es la abstención inducida.

Al menos en un par de ocasiones tal situación enmendable se propuso corregir. La primera fue a principios de septiembre del año pasado, cuando en mi carácter de diputado presenté al Congreso una iniciativa de ley en materia electoral para que los comicios de diputados locales se empataran con las elecciones federales del año próximo. Esta reforma implicaba una Legislatura de transición de un año y por supuesto una gubernatura asimismo de transición con duración de cuatro años.

La iniciativa enfureció al actual gobernador. Cuando observó que empezó a ser bien recibida y hasta comentada positivamente por algunas agrupaciones cívicas, ciertos medios de comunicación y articulistas de opinión, incluida una declaración favorable del presidente del INE, Lorenzo Córdova, el gobernador Miguel Riquelme llegó al extremo de decir a la prensa que daría instrucciones a los diputados de su partido de que la votaran en contra, con el endeble argumento de que él había recibido una gubernatura de seis años y la tenía que entregar también de seis "para no violar la Constitución".

Seguramente el gobernador de Coahuila ignora que la Constitución federal fue reformada en febrero de 2014, para establecer que los estados del país deben orientar sus elecciones locales hacia una fecha única coincidente con los comicios federales. Desconoce seguramente que por esta razón algunas entidades han tenido gobernadores de un año o poco más, como Miguel Ángel Yunes en Veracruz, de dos como Bonilla en Baja California, o de cinco años como "El Bronco" y Javier Corral en Nuevo León y Chihuahua, respectivamente. ¿En dónde está pues la violación a la Constitución? Al contrario, de lo que se trata es de cumplir con su letra y espíritu.

Luego vino la pandemia y el proceso electoral tuvo que suspenderse durante cuatro meses (de abril a julio), algo nunca antes visto en la historia electoral de México. Y la verdad se convocó con gran irresponsabilidad para que los comicios se llevaran a cabo el pasado 18 de octubre, precisamente en el punto en que los contagios y decesos por COVID-19 estaban -y están-- a todo lo que dan, particularmente en Coahuila.

De nueva cuenta en este espacio y ante el Congreso (aunque no mediante iniciativa de ley), me permití proponer con argumentos jurídicos, políticos e históricos que la actual legislatura continuara en ejercicio (lo que alguna vez ya sucedió en Coahuila, en 1923) hasta que tomen posesión de sus cargos los diputados de la nueva 62 Legislatura, que resultaren electos en los comicios del 6 de junio de 2021.

Hay un dato relevante adicional. En la década que va de 2020 a 2030, Coahuila tendrá procesos electorales en ocho de esos años. Con la propuesta que hice sólo serían cuatro años con elecciones en el estado (2021, 2024, 2027 y 2030). Es decir, la mitad de las que habrá si se aprueba la reforma, con las ventajas adicionales de que estimulará la participación ciudadana y generará un ahorro presupuestal en la década de al menos 600 millones de pesos, a valor presente. ¿Hay derecho a continuar con el alocado calendario electoral de Coahuila hoy vigente? Obviamente no.

Más temprano que tarde, las elecciones en México tendrán que ser generales, es decir, a celebrarse cada tres y seis años en una misma fecha, tanto para cargos federales como locales. Así ocurre en los principales países democráticos del mundo.

Sin embargo, en Coahuila operan poderosas resistencias que lo impiden, sin argumentos, por supuesto. Principalmente la del grupo priista que le apuesta a la conservación del poder así sea a cambio de una raquítica participación ciudadana, que en realidad poco le importa. Para ese grupo lo relevante es continuar con el saqueo del estado y la impunidad de la que hasta ahora ha gozado.

Este análisis del reciente proceso electoral de Coahuila, sobre la cuestión de fondo que originó su fracaso en cuanto a participación ciudadana, en modo alguno implica que la oposición -la verdadera, por supuesto-- no deba hacer un examen, muy riguroso y crítico, de sus fallas y omisiones que han tenido como consecuencia que cada seis años estos resultados se repliquen.

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