El 25 de septiembre de 2019, Oaxaca hizo historia al legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
Cuando Minerva decidió no continuar con su embarazo y ejercer su derecho a interrumpirlo, como lo contempla la ley en Oaxaca, se topó con una barrera: los argumentos religiosos del personal médico del Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Fue el 17 de agosto cuando a Minerva, quien pide no dar a conocer su nombre real, le dijeron "que se iría al infierno" por decidir no ser madre. Los médicos le negaron su derecho, pidiéndole reconsiderar su decisión.
El 25 de septiembre de 2019, Oaxaca hizo historia al legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Fue la segunda entidad del país en aprobar una legislación de este tipo. A un año de distancia, los alcances de la modificación al Código Penal de Oaxaca apenas han permitido que, en ese lapso, oficialmente seis mujeres hayan tenido acceso al derecho de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de acuerdo con datos del Congreso de Oaxaca.
A otras miles que, como Minerva, desean acceder a ese derecho, los obstáculos las siguen empujando a la clandestinidad. De acuerdo con la organización Marea Verde Oaxaca, la modificación de la legislación está a medias, pues no se ha cambiado la Ley Estatal de Salud para que las mujeres accedan a la ILE.
La iniciativa, que se convirtió en ley el año pasado, modificó del artículo 312 al 316 del Código Penal estatal, cambios que también contemplan sanciones de tres a seis meses de prisión si un embarazo se interrumpe después del plazo permitido. Y hasta 10 años de prisión a quien obligue a una mujer a abortar.
La nueva ley pretende erradicar la criminalización hacia quienes deciden interrumpir sus embarazos. Hasta antes de la modificación, en Oaxaca sumaban 20 las mujeres que habían estado presas por abortar y 49 las carpetas de investigación relacionadas con abortos; un año después, una de ellas sigue presa.
