El titular de la UIF destacó que la corrupción que impacta en la materia electoral se da en tres vías.
Con el propósito de "blindar" la jornada electoral de 2021, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que este organismo podría colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE), para intervenir en cualquier procedimiento de fiscalización o detección de riesgo de personas vinculadas con partidos políticos o candidaturas.
Durante su participación en el Foro Internacional El derecho a la información en la era digital y la protección de otros derechos humanos, el funcionario aclaró que ha platicado con el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, "y la UIF está en la disposición de colaborar en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o detección de riesgo. Pero, por su puesto, sólo si hay una solicitud por parte del INE".
Aclaró que debe pensarse en la integridad del proceso electoral mediante acciones para combatir los efectos negativos que se viven en los comicios y que, en muchas ocasiones, son metaelectorales.
"No debemos sobrecargar a instituciones como el INE o los institutos locales, sino que debemos entender que, parte de la problemática actual del modelo de la democracia pasa por problemas que son metaelectorales, y me refiero a la corrupción o a la presencia del narcotráfico en las campañas", dijo.
Comentó que el ataque a este tipo de prácticas son temas que no se les pueden encargar de forma directa o de forma única a las autoridades electorales, porque implica cuestiones de seguridad, de prevención del delito y de procuración e impartición de justicia.
Refirió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deben colaborar con las autoridades electorales para un mejor desempeño de sus actividades.
Además, el titular de la UIF destacó que la corrupción que impacta en la materia electoral se da en tres vías: la corrupción, cuando los empresarios financian campañas electorales para contrataciones futuras; la desviación de fondos, bienes o servicios federales, estatales o municipales para campañas; y la delincuencia organizada, que paga campañas para tener el control territorial, sobre todo en los ámbitos municipales.
