A Virgilio Caballero por la herencia que me dejó
La izquierda gobierna en la CDMX desde 1997 y, en los juzgados capitalinos son frecuentes la corrupción, el tráfico de influencias y el burocratismo. ¿Hasta cuándo?
Hace unas semanas me invitó la Barra de Abogados a conversar sobre la demanda por 10 millones de pesos que me exige Humberto Moreira, por supuestos daños a su honor. En la sesión de preguntas y respuestas, una abogada se la pasó lanzándome dardos emponzoñados. "Tu has manipulado la información", "utilizas los medios para defenderte" y quieres "acabar con la reputación de un juez". Se refería, obvio, al magistrado Francisco José Huber Olea y Contró.
El litigio empezó en julio de 2016 y estuvo tres años y 363 días en tribunales capitalinos (el 29 de julio de 2020 lo atrajo la Primera Sala de la Suprema Corte). El primer juez, Alejandro Rivera Rodríguez, fallaba una y otra vez en mi contra, respaldado por el magistrado arriba mencionado. Presenté una queja formal y recurrí, en varias ocasiones, a las "audiencias de oídas" (es costumbre no escrita, que los jueces escuchen a las partes que hagan antesala).
Luego, el caso lo tomó Francisco Castillo González, un juez estricto y meticuloso. Falló a mi favor. Moreira apeló y el asunto fue asignado ¡oh, sorpresa! al magistrado Olea y Contró. El caso fue y vino por los vericuetos judiciales, consumiendo una parte importante de los 300 escritos, apelaciones, peritajes, audiencias, pruebas supervenientes, documentos notariales, etcétera. En enero de 2020 me asestaron el ultimátum: me embargarían para garantizar el pago de los 10 millones. Para librar el acoso, deposité una fianza por 450 mil pesos y presenté una queja ante el Consejo de la Judicatura.
Recibí muchísima solidaridad. Tres diputadas federales: Rocío Barrera y Tatiana Clouthier de Morena y Martha Tagle de Movimiento Ciudadano (respaldadas por Mario Delgado) exploraron la posibilidad de que la Cámara de Diputados se pronunciara. Luego pensaron, que ayudaría más, si lo hacía el congreso capitalino. Hizo su aparición el diputado de Morena, Jesús Ricardo Fuentes Gómez (que sustituyó al inolvidable periodista Virgilio Caballero cuando éste murió) como vicepresidente de la Comisión de Protección a Periodistas.
Fuentes logró que el 28 de enero el Congreso capitalino aprobara un exhorto al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia capitalinos para que investigaran el "posible conflicto de intereses" de Olea y Contró y de los "demás jueces y magistrados". El Consejo de la Judicatura no invocó su autonomía; reaccionó favorablemente y declaró "procedente" la petición y le abrió un "expediente administrativo".
El magistrado Olea y Contró se excusó de conocer del caso el 13 de febrero de este año (debió hacerlo el 25 de noviembre de 2017; un día antes, su hermano recibió la notaría). En su escrito, me acusa de hacer "comentarios [sobre él] que entrañan aversión, rechazo y repugnancia". Se equivoca. Con evidencia demostré su parcialidad y mi abogado, Héctor Beristáin, lo puso en lenguaje jurídico. Corresponde al Consejo de la Judicatura decidir quién tiene la razón.
Espero, eso sí, que el Consejo de la Judicatura y el presidente del Tribunal Superior, Rafael Guerra Álvarez, investiguen a profundidad mis alegatos y, de ser el caso, den un castigo ejemplar a Olea y Contró. Apuntalaría la argumentación que haré ante los ministros de la Suprema Corte que ya están analizando mi caso.
El reconocimiento de la parcialidad del magistrado también fortalecería la petición formal que presentaré -con el respaldo de buena parte del gremio periodístico y de organismos civiles e internacionales- ante los Congresos de la Unión y la capital, para reformar las leyes vigentes e impedir la perversión de las leyes que regulan las demandas por daño moral. Los poderosos las usan para presentar demandas frívolas y millonarias para hostigar judicialmente y, desgastar anímica y financieramente, a periodistas y defensores de derechos humanos. Sería una transformación saludable para el país.
Posdata. En la encuesta ENVIPE 2019, el 82.4 por ciento de los habitantes de la CDMX consideran corruptos a los jueces capitalinos. Supera ampliamente la media nacional con el (68.4%), el 71.4% del Estado de México y el 73.9% de Morelos. Así pues, no soy el único.
@sergioaguayo
Colaboró: Alfonso David Aparicio Bolaños.
