La fracción VIII Art 35 de la Constitución, define la consulta como "el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional".
La consulta puede ser solicitada por al menos el 2% del padrón electoral (un millón ochocientos ciudadanos). Los resultados de la consulta serán vinculatorios si al menos el 40% del padrón ha participado.
El presidente López Obrador insiste en que se ejecute esta disposición constitucional para conocer la opinión de los mexicanos sobre la conveniencia para enjuiciar a los ex presidentes de la República desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, o sea se someterían a juicio los últimos 30 años por actos que se precisarían una vez de obtener la opinión favorable de realizar la consulta. Enjuiciar a un jefe de Estado ya ha sucedido en varios países. Se trata de un juicio formal, realizado por autoridades previamente constituidas legalmente.
La propuesta equivale a la supresión de cualquier fuero que pueda gozar el presidente en funciones, no es el caso de los ex presidentes que carecen de dicha inmunidad. Cualquiera acusación debe estar bien definida para detonar el juicio del caso. Este asunto ha reclamado tanta atención por el solo hecho de la relevancia de los implicados a ser enjuiciados por primera vez en la historia de nuestro país.
Aquí está el meollo del asunto. El que se llame a cuenta a los expresidentes por actos indebidos ejercidos durante su gestión, tendrá validez sólo de cómo se fundamente legalmente la acusación. No se crea, sin embargo, que esto será un juicio en la plaza pública donde "Juan Pueblo" será el verdugo enjuiciador. Si se trata de aquilatar los méritos o defectos de la gestión presidencial, hay que entender que el juicio ya lo emitió la ciudadanía en las urnas. Se trata de precisar si se abusó de perfecta los poderes que la Constitución le confirió a esos presidentes.
Es aquí donde López Obrador debe de reflexionar que también estará bajo la lupa del juicio popular cuando termine su mandato. Entre tanto, de ser intolerablemente deficiente, podrá aplicarse el mecanismo de revocación de mandato a partir del 2022 que ya está contemplado en la Carta Magna. Este mecanismo es contrario a las mejores prácticas de la democracia ya que coloca al país de promover una confusión destructiva que interrumpiría el proceso de gobierno en marcha. Si la ciudadanía tiene interés en deshacerse del gobernante, pues entonces debe tomarse en cuenta que el sistema parlamentario da una solución por medio del voto de censura que obliga al partido en el gobierno a convocar elecciones generales y del partido triunfador formará un nuevo gobierno.
Lo anterior no es una especulación ociosa. En México el presidente ha acumulado una suficiente opinión opositora que bien pudiera superar más del 50% del electorado. El sistema republicano que nos rige ofrece sólo respetar el largo término sexenal, salvo el caso de aplicarse la antes mencionada revocación de mandato con todas las confusas y negativas consecuencias consistentes en llamar a nuevos comicios. Esta solución es en sí un desacierto y una desordenada solución que sólo puede traer confusión e interrupción de la marcha nacional.
En Estados Unidos, con un mandato de sólo 4 años extendible a otro tanto, la rotación es más ágil, sin que se prive al Congreso del recurso de enjuiciar al presidente como se intentó en los casos de Nixon, Clinton y Trump.
El sistema presidencial de Estados Unidos hace que el presidente esté en campaña cada cuatro años, lo cual presenta al electorado la necesidad o la oportunidad de calificar al mandatario. Este ritmo político estimula una mayor participación ciudadana en los comicios. Las precampañas presidenciales de los dos partidos que hemos presenciado en las últimas semanas, nos han presentado a sus respectivos candidatos diametralmente opuestos en sus características personales en cuanto a su trato familiar, social, político y de principios que norman su actitud. La empatía de Biden ha obligado a los organizadores de la campaña de Trump a fabricar una imagen asombrosamente distinta a la realidad de las soeces, arbitrariedades, insultos, discriminaciones que han caracterizado al personaje.
Faltan pocas semanas para conocer por cuál de las dos opciones optará el pueblo norteamericano. Se advierten visiones profundamente opuestas de ambos candidatos. A México le interesan las políticas del próximo presidente norteamericano en materia comercial, donde el flamante T-MEC, plantea cláusulas probablemente de compleja aplicación.
En cuanto a la consulta el propuesto enjuiciamiento de los expresidentes, no merece mayor comentario que la inutilidad de seguir gastando tiempo y tienta en una propuesta jurídicamente grotesca y por demás inviable. Es mejor que AMLO se dedique a dar solución a la rampante corrupción y a solucionar los problemas más acuciantes, lo que da pie a que muchos tomen en serio la posibilidad de la revocación de su mandato.
